Por: El Diablo Cojuelo
VERDE: Aunque en los últimos tres días se comenzó a ver un nuevo repunte en la incidencia de casos diarios de coronavirus en San Luis Potosí, las autoridades federales y el propio Gobierno del Estado dieron a conocer el inminente cambio a semáforo verde de acuerdo con los indicadores epidemiológicos, es decir, se volverán a permitir diversas actividades de carácter económico y social que, entre otras cosas, darán la oportunidad de que la reactivación económica avance de mejor manera y que se puedan atender aquellos temas que permanecen pendientes. Es cierto que la pandemia no ha terminado y ello demanda que la ciudadanía atienda y fortalezca todas las medidas de prevención para contener la propagación del SARS-CoV-2, factores claves para recuperar esa normalidad que se perdió hace casi dos años.
HUELGA: En General Motors, planta San Luis Potosí, las cosas no están avanzando de la mejor manera posible pues luego de tantos paros técnicos a los que tuvo que recurrir en meses pasados por la falta de materia prima para la elaboración de sus productos, ahora enfrentó un conato de huelga luego de que un grupo de trabajadores denunciaran públicamente la omisión en que estaba incurriendo la empresa norteamericana al negarse a pagar horas extras al personal que, desde el presente mes de febrero, había venido desempeñando labores adicionales a su horario regular. Por fortuna, el tema logró ser atendiendo de manera oportuna.
SUMA: El Ayuntamiento de San Luis Potosí dio a conocer una serie de acciones y estrategias que se estarán implementando en los próximos meses con la finalidad de atender varios temas fundamentales para la economía y la recuperación de la ciudad luego de todos los estragos que ha dejado la pandemia de covid-19. La información que se ha adelantado revela que se estará concretando una inversión superior a los seis mil millones de pesos para concretar el desarrollo de viviendas, situación que, al mismo tiempo, permitirá la creación de una importante cantidad de empleos en beneficio de los potosinos. Pinta bien.
COMPETENCIA: En días pasados, el Gobierno del Estado realizó la presentación oficial del Consejo Consultivo Potosí que, entre otras cosas, contempla la inversión de más de cuatro mil millones de pesos para obras en todos los municipios del estado con un esquema de vigilancia y supervisión constante. El anuncio realizado por el Ayuntamiento este mismo viernes parece chocar en cierta forma con los planes del Ejecutivo Estatal y, si no choca, de mínimo sí le hace ruido. Es sana la competencia porque abona a una mejora constante. Nada más habrá que asegurarse de que los esfuerzos se dirijan por el buen camino y en beneficio de la población.
INVESTIGACIÓN: La detención reciente del exsecretario de Seguridad Pública del Gobierno del Estado, su vinculación a proceso y todos los rumores que circularon hace algunas semanas sobre una posible orden de aprehensión en contra de Mónica Rangel, exsecretaria de Salud y excandidata a la gubernatura de San Luis Potosí por Morena, hacen creer que hay varios exfuncionarios que no están durmiendo bien, perfiles que podrían estar siendo investigados por posibles anomalías, por malos manejos de recursos públicos y, sobre todo, porque, tal como adelanta la Fiscalía, hay otras carpetas que se están integrando ¿Quiénes podrían ser?
PROTECTOR: Desde el comienzo de la presente administración estatal, se dio a conocer que se estarían implementando diversas reestructuraciones para quitarle peso a la abultada nómina que tiene el Gobierno del Estado y que, claramente, representa un impedimento para que los recursos públicos se puedan utilizar en proyectos o acciones de beneficio social. Pues resulta que, luego de los despidos que se han registrado, ahora Morena salió como defensor y protector de los burócratas que durante años no tuvieron buen desempeño y que, durante la pandemia fueron apapachados. Morena ya no sabe de dónde colgarse para figurar.
VEDA: Cada vez son más las denuncias que refieren a que diversas autoridades municipales y estatales están violando la veda electoral que se implementó desde el INE en el marco de la consulta para la revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sí, es cierto, se ha visto a distintas autoridades que continúan con programas, con proyectos, con obras y demás acciones que, sin duda alguna, violan las disposiciones de una veda electoral. Sin duda alguna, este tipo de situaciones podrían traerles consecuencias poco favorables que deberían evitarse porque, de multas, pues no pasa de que las absorba el erario público, pero no se trata de eso.
