El affaire Loret-López Obrador debe situarse en la verdadera dimensión del conflicto: el periodismo como ejercicio de la responsabilidad social o el periodismo como producto de una militancia política y empresarial opositora. Si algún caso debiera servir como catalizador del ejercicio de la información, no existe ningún otro en México que el del columnista Manuel Buendía, asesinado el 30 de mayo de 1984 cuando se disponía a publicar informaciones sobre funcionarios y empresarios articulados al naciente modelo de los cárteles del narco.
La línea entre ambos tipos de periodismo es muy tenue y no siempre será comprendida por la sociedad como destinataria de la difusión de informaciones sobre el ejercicio del poder público. Una cosa es que los medios necesiten de financiamiento empresarial ante la pasividad y mezquindad de la sociedad para financiar medios a su favor y otra cosa que se ejerza un periodismo opositor y al servicio de los intereses de políticos y empresarios contrarios a los denunciados.
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La prensa escrita funcionó, en el modelo de Althusser, como aparato ideológico del Estado hasta 1968. La siguiente etapa fue 1976 cuando el gobierno federal aprovechó las contradicciones internas en la cooperativa Excélsior para empujar la decisión de Julio Scherer García de abandonar la dirección del diario y lanzarse a la aventura de la revista Proceso. En 1988 el politólogo y político Manuel Camacho Solís preguntó al columnista por qué los medios impresos habían apuntalado la candidatura disidente de Cuauhtémoc Cárdenas.
La transición política mexicana, que alcanzó su punto máximo con la alternancia partidista en el 2000, nunca se preocupó por impulsar una transición en los medios de comunicación. Fox o López Obrador, dos presidentes de la transición, carecieron en su acceso al poder de una propuesta de reorganización de la prensa política y aprovecharon la dependencia de los medios respecto de la publicidad gubernamental para mantener controles y supeditaciones, con el reclamo adicional de que la sociedad y los empresarios tampoco le pusieron atención a la construcción de la viabilidad de la prensa para construir medios de interés social sin dependencia de los intereses oficiales y privados.
El gobierno lopezobradorista redujo la política de comunicación social del Estado al recorte de publicidad a los medios de propiedad empresarial, pero sin construir alguna estrategia de apuntalamiento a los periodistas que realmente han estado preocupados por darle una dimensión social a su oficio. Los empresarios de la prensa impactaron el recorte publicitario con disminución de salarios, prestaciones y beneficios a los trabajadores de la información y convirtieron sus medios en espacios opositores aliados a los empresarios que tomaron, de manera reducida, el espacio publicitario gubernamental.
La otra decisión gubernamental fue circunscribir la política de comunicación social a la conferencia de prensa matutina diaria, pero sin lograr su objetivo de romper con la estructura empresarial de los medios ni construir nuevos espacios para periodistas con capacidad de gestión pero sin recursos para crear medios sin la dependencia empresarial. Este modelo de presidencia unitaria contextualiza una táctica de comunicación que cuestiona difusión de denuncias, aunque sin darle a los profesionales de la información el reconocimiento como constructores de opinión pública.
Con una oposición menguada que le regatea espacios a empresarios activistas, el poder empresarial como grupo de presión contra el poder establecido se ha refugiado en medios de comunicación de corte empresarial o han financiado modelos como Latinus, aunque con el objetivo específico de hacer política opositora y no usar el poder de la información para construir sociedad civil, dinamizar la sociedad política y, como señalara el decreto de la libertad de imprenta de 1810, para educar al lector como ciudadano.
La ola de apoyo con el hashtag #TodosSomosLoret debiera ser #TodosSomosManuelBuendia, un heredero sin regateos del modelo de periodismo de Francisco Zarco y comenzar con la reapertura del expediente del asesinato de Buendía en 1984 que fue manipulado por el presidente Miguel de la Madrid y el presidente Salinas de Gortari para esconder la responsabilidad gubernamental.
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Política para dummies: la política es un juego de intereses entre los funcionarios y los empresarios, pero marginando a la sociedad.
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