Algunos de los pocos textos que han intentado con seriedad entender el proceso mexicano de elección del presidente de la república encontraron una fórmula ya tratada por algunos politólogos mexicanos para explicar la realidad del poder: el sistema presidencialista es una monarquía absolutista de duración sexenal y la designación del candidato del partido en el gobierno tiene sus referentes con las sucesiones de reyes y reinas de las monarquías más conocidas.
La votación del presidente de la república en México forma parte de un complejo y a veces incomprendido proceso que se deriva de la arquitectura del sistema político del PRI que fue fundado con la Constitución vigente de 1917, pero que viene desde la dictadura personal del general Antonio López de Santa Anna (1833-1855), consolidó su estructura durante los gobiernos del presidente Juárez, la guerra civil contra conservadores y la invasión francesa (1857-1872) y se potenció durante el largo dominio presidencial de Porfirio Díaz (1876-1911).
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El eje político del sistema presidencialista gira en torno al poder formal y absolutista del presidente de la república, pero con una progresividad histórica propuesta por Octavio Paz en su ensayo Posdata (1970): la mentalidad mexicana que depende de la figura de un salvador a través de la continuidad histórica del Tlatoani o jefe máximo del poder en las monarquías indígenas, el virrey como representante del rey y el presidente de la república en la etapa federalista.
El poder del presidente mexicano se basa en el control de los tres pivotes del sistema/régimen/Estado: el control directo de la fuerza vía la subordinación del poder judicial y las fuerzas armadas, el manejo absolutista del presupuesto federal y el liderazgo dominante del presidente sobre el partido en el gobierno.
Todo presidente mexicano basa su funcionamiento sexenal en lo que se podría considerar como su tarea única: construir la candidatura de su sucesor. La continuidad transexenal tiene también tres condiciones: personal, de grupo y de proyecto.
Estas reglas de la praxis política mexicana permitieron la continuidad de un grupo de poder identificado bajo el discurso del “proyecto histórico de la Revolución Mexicana” hasta el 2000, con dos sexenios de gobiernos presidenciales posteriores del Partido de Acción Nacional, una organización de centroderecha que nació en 1939 para oponerse a los abusos de poder del entonces partido del Estado en su segunda variante: el Partido de la Revolución Mexicana, que antes fue Partido Nacional Revolucionario y desde 1946 se identifica como Partido Revolucionario Institucional.
De 1924 al 2000, el partido del Estado logró poner candidato presidencial para mantener la continuidad de un proyecto y de subgrupos identificados con el venero histórico. En 2000, el presidente Ernesto Zedillo no pudo imponer a su candidato porque una reforma a los estatutos del PRI exigió la condición de un cargo de elección popular para los aspirantes a la presidencia y los dos economistas preferidos del presidente carecían de esa formalidad.
Antes que entregarle la presidencia a la burocracia priísta, Zedillo permitió la alternancia presidencial hacia el PAN, aunque este partido de derecha solo pudo conseguir una reelección de partido y volvió a entregarle la presidencia al PRI en el 2012.
Los dos presidentes de la República surgidos del PAN –Vicente Fox y Felipe Calderón– no pudieron convertir a su partido en la estructura del Estado y las candidaturas presidenciales de 2006 y 2012 fueron impuestas por la militancia panista.
Dividido el PAN en el 2012, el PRI pudo construir una candidatura mediática en la figura de Enrique Peña Nieto, pero el activismo de López Obrador y la corrupción desenfrenada del gobierno facilitaron la alternancia hacia Morena.
Hoy, el presidente López Obrador adelantó los tiempos políticos del proceso de elección del candidato de Morena por presiones de la disminución de la bancada legislativa del partido en la Cámara de Diputados y la pérdida de la mayoría absoluta.
El proceso de designación del candidato presidencial del partido en el gobierno se reconoce como “sucesión presidencial” con referencia jurídica a la entrega continuada de bienes dentro de una familia a la muerte del titular. La falta de educación política y el dominio caudillista del presidente permitían que el candidato se designará a voluntad personal del presidente saliente, sin pasar por procesos democráticos de competencia interna.
El concepto de la gramática política mexicana refiere este proceso como dedazo para simbolizar el acto físico en el que el presidente de la república señalaba con su dedo al candidato sucesor.
Para quien tenga curiosidad política para seguir todas las incidencias del proceso de sucesión presidencial, un grupo de analistas bajo mi coordinación periodística ha creado la revista digital semanal titulada Palacio Nacional 2024 (https://indicadorpolitico.com.mx/?page_id=12227) con acceso libre a versiones en texto y en PDF.
Allí estaremos desarrollando cada semana la revisión histórica de las sucesiones presidenciales de México y sobre todo iremos dando cuenta de los conflictos hacia el interior del grupo gobernante, cuya coalición está enfrentando con anticipación una disidencia encabezada por el líder morenista del Senado, Ricardo Monreal Avila, por su decisión personal de abrir un espacio en la lista presidencial de aspirantes, pero sin contar con el beneplácito del presidente López Obrador.
Frente a la fuerza personal de López Obrador y a la estructura de su partido Morena se está construyendo una alianza entre los tres más importantes partidos de oposición: el PRI, el PAN y el PRD ya sin la figura de Cuauhtémoc Cárdenas, con el agregado estratégico de la Confederación Patronal (Coparmex), un sindicato empresarial con un creciente activismo político.
Todo lo que ocurre en México en estos dos años estará determinado por el proceso de sucesión presidencial
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