Sin el espacio mediático que requería la puesta en marcha y que exigía la presencia física de los presidentes de Estados Unidos y México, el proyecto de Entendimiento Bicentenario entre ambas naciones inició un plan de acción de 101 puntos concretos. En síntesis, el plan involucra casi por igual acciones de combate al crimen organizado en ambas naciones, aunque no mostró las formas y mecanismos de evaluación.
Por muy completo que se presente en teoría un plan que va a exigir un replanteamiento de las estrategias de seguridad pública en ambas naciones, México debió de haber insistido en lo que pudiera ser considerado como el punto 102: exigirle a Estados Unidos acciones concretas para disminuir la creciente demanda de droga de los consumidores estadounidenses, porque en la demanda se establece el funcionamiento de la oferta.
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El gobierno de Estados Unidos ha sido muy cuidadoso en la difusión de las cifras de consumo cotidiano de drogas y todos los filtros estadísticos y políticos apenas reconocen un 9% de consumidores, algo así como 30 millones de personas. Sin embargo, la realidad es diferente y se pueden aventurar cifras que revelarían un 60% de los norteamericanos consumidores de drogas, dejando el 9% más bien como los dependientes sin remedio.
Dentro de lo que sí se incluyó en el plan, destaca el Area de Cooperación 2.3: desmantelar la capacidad de las organizaciones criminales trasnacionales y sus cadenas de suministro ilícitas. El trasfondo de este punto ha sido destacado en los reportes anuales de la DEA desde el 2005: los principales cárteles mexicanos del narcotráfico han establecido células consolidadas dentro del territorio estadounidense para recibir la droga contrabandeada de sus oficinas en México, distribuirla en todas las ciudades americanas y controlar la venta al menudeo en las calles.
El gobierno de Estados Unidos ha reconocido la existencia de este problema, pero no ha tomado las decisiones estratégicas suficientes para combatir el tráfico y la venta dentro de su propio territorio. Es paradójico que los dos jefes del Cártel de Sinaloa –el Chapo Guzmán y su esposa– estén presos en cárceles americanas, pero el contrabando de droga de ese grupo sigue fluyendo por todo el país y el consumo del fentanilo que trafica ese cártel siga vendiéndose en las calles y matando a decenas de miles de estadounidenses.
El Area de Cooperación 2.3 de los 101 puntos del plan establece tres objetivos conjuntos, es decir de organización de equipos binacionales: interrumpir y desmantelar la producción de estupefacientes, reducir la capacidad de venta y distribución de sustancias controladas de las organizaciones criminales trasnacionales y fortalecer y ampliar la capacidad de regulación y aplicación de la ley para combatir el tráfico de drogas sintéticas y precursores.
Este punto obliga más a Estados Unidos que a México, en tanto que la demanda de los consumidores americanos es la que ha definido el contrabando y la venta de drogas en las calles estadounidenses. México debe ser más estricto en la exigencia de programas concretos y reformas legales en EU para disminuir el flujo de droga mexicana dentro de los espacios americanos.
El problema del consumo de drogas en Estados Unidos se centra en el reconocimiento de derechos individuales dedos americanos para consumir todo tipo de drogas, llevando la criminalización al tema del contrabando y el comercio ilícito. A pesar de ser un problema grave, Estados Unidos no ha querido atacar uno de los puntos fundamentales de la estructura de poder del narcotráfico: el manejo ilícito de los recursos económicos de la venta de las drogas, pues ese dinero en realidad sostiene en buena parte del sistema financiero estadounidense.
México ha insistido en el tema de las armas por razones de las víctimas nacionales que han perecido en matanzas en espacios públicos estadounidenses. Sin embargo, nada se ha hecho para establecer programas especiales que permitan retomar el control de la frontera física México-EU, donde los carteles dominan el tráfico de personas y de droga con la complicidad de autoridades migratorias de los dos países.
En el plan de los 101 puntos, cuando menos en el resumen distribuido para su difusión pública, no existe nada que implique algún acuerdo de profesionalización y coordinación de autoridades policiacas y migratorias en la frontera, salvo lo que tiene que ver con el tráfico de migrantes y la trata de personas que son delitos asociados al narcotráfico y que suelen ser controlados por los cárteles. Sin embargo, en el plan no existe una asociación directa entre cárteles y polleros.
En suma, el plan de 101 puntos del Entendimiento Bicentenario podría ser considerado como un primer acercamiento formal al establecimiento de un verdadero programa binacional de coordinación e intercambio de experiencia entre los dos países para disminuir de manera seria el tráfico y consumo de droga, pero a condición de que complemente mayor compromiso institucional y de seguridad por parte de la Casa Blanca y que no se quede solo en un mecanismo de injerencia en la autonomía mexicana para definir su estrategia de seguridad.
Zona Zero
La crisis en Quintana Roo no fue una buena primera prueba para el nuevo escenario del Entendimiento Bicentenario en materia de seguridad, porque el gobernador panista-perredista Carlos Joaquín González anunció la participación de la DEA, el FBI, la policía montada de Canadá y militares de Francia en labores de seguridad que le corresponden por ley solo a la Guardia Nacional y a las autoridades mexicanas. En una conferencia mañanera, el presidente López Obrador pidió información a la embajada de Estados Unidos sobre la presencia y alcance de agentes del FBI en Quintana Roo, cuando debieron haber registrado nombres de agentes y operativos ante las autoridades de Relaciones Exteriores.
El autor es director del Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
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