Las rutas de la droga a través de Juárez, conocidas como Plaza Juárez, son importantes porque constituyen una vía hacia Estados Unidos.
Un jurado federal condenó a dos miembros de la pandilla Barrio Azteca por los asesinatos de una empleada del consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez, México, y otras dos personas hace 12 años, informó hoy 4 de febrero de 2022, el Departamento de Justicia estadounidense.
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José Guadalupe Díaz Díaz, alias Zorro, de 43 años, y Martín Artín Pérez Marrufo, alias Popeye, de 54, ambos de Chihuahua, fueron declarados culpables por un jurado federal de Texas, afirma el departamento en un comunicado.
El jurado los declaró culpables de múltiples cargos, entre ellos conspiración para el chantaje, tráfico de narcóticos, importación de narcóticos, lavado de dinero y asesinato.
El 13 de marzo de 2010 Díaz y Marrufo formaron parte de los sicarios que asesinaron a la empleada del consulado de Estados Unidos Leslie Enríquez, su esposo Arthur Redelfs y Jorge Salcido Ceniceros, marido de otra trabajadora.
El ataque se produjo después de que las víctimas salieran de la fiesta de cumpleaños de un niño en Juárez al confundirlos con pandilleros rivales.
Estos asesinatos “son una tragedia”, afirmó el fiscal general auxiliar Kenneth A. Polite Jr, quien agradeció al gobierno mexicano que los haya extraditado a Estados Unidos.
En el juicio, los fiscales presentaron pruebas de que Barrio Azteca es una organización criminal transnacional dedicada al lavado de dinero, el crimen organizado y actividades relacionadas con las drogas en El Paso, en Texas.
La pandilla se alió con otras bandas de narcotraficantes para luchar contra el cártel de Sinaloa, en aquel entonces liderado por “El Chapo” Guzmán, y sus socios por el control de las rutas del narcotráfico a través de Juárez, en Chihuahua.
Las rutas de la droga a través de Juárez, conocidas como Plaza Juárez, son importantes porque constituyen una vía hacia Estados Unidos.
La fiscal federal Ashley C. Hoff para el Distrito Oeste de Texas afirmó que su oficina está determinada “a que se haga justicia para las víctimas de la violencia de los cárteles” a pesar de que hayan transcurrido 12 años.
