La FGR detalló que también existe una ficha roja para su detención por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La Fiscalía General de la República informó que se giró una orden de aprehensión contra Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga, además de otras siete personas, implicadas en delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
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La dependencia federal detalló que tres de los implicados ya se encuentran recluidos y que se giró una ficha roja para detener a los otros cuatro, incluida la conductora y su esposo.
En un comunicado, la FGR detalló que “a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), inició carpeta de investigación en contra de Víctor Manuel “A”, Inés “G”, Edgardo Mauricio “V”, Rosario “A”, Margarita “C”, Ricardo “P”, Mauricio “R” y siete empresas, por su posible participación en delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita”.
Agregó que según la indagatoria los implicados se “coludieron para simular operaciones y dotar de recursos a esa organización criminal; bajando cargas tributarias y ocultando operaciones, dificultando, de esa manera, el rastreo de esos recursos”.
La FGR detalló que “la organización principal estaba a cargo de Víctor Manuel “A” e Inés “G”, que operaban con supuestos representantes de personas morales. Durante la investigación se pudo obtener la información de que existía un grupo formado por Héctor “Z”, Armando “R”, José “O”, Ricardo “C”, Yareli “C”, quienes realizaban las operaciones bancarias a nombre de personas morales”.
“Presuntamente celebraban diversos contratos con el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación, utilizando comprobantes fiscales digitales por internet, que encubrían operaciones falsas y aparentaban actos de comercio y prestación de servicios que no se realizaban; todo ello con la finalidad de lavar dinero, disfrazando dichos delitos de ganancias lícitas que eran inexistentes”.
“El siguiente grupo, integrado por servidores públicos, fueron los que facilitaron ilegalmente los recursos del erario federal, celebrando contratos ilegales; y en esa estructura se encontraron a Eduardo “G”, Paulo “U”, Emanuel “C”, Jesús “P” y Jorge “N”, explicó en un comunicado.
Además, agregó que con una de las empresas intervenidas, se verificó la recepción de más de 2 mil 500 millones de pesos. También enfatizó la detección de “dos contratos con los Centros Federales de Readaptación Social, por 2 mil 950 millones de pesos”.
