El principal problema la estrategia de seguridad pública el gobierno actual ha estado en la venta de expectativas: el mensaje de campaña en 2018 en el sentido de que en menos de seis meses se recuperaría el control total de la república y los delincuentes se reincorporarían al sector productivo legal.
Nadie quiso atender los análisis sensatos que señalaban la penetración estructural del crimen organizado en espacios territoriales de soberanía del Estado, en las capturas delictivas de instituciones públicas y en su alianza con importantes sectores sociales abandonados por las políticas públicas.
En la primera mitad del sexenio se han tenido las evidencias de que la tarea es más compleja de lo que se esperaba. La primera parte de la estrategia, la de la construcción de una nueva estructura de seguridad policiaca, está casi completada con la formalización de la Guardia Nacional y su despliegue en todo el país.
La parte más importante es la más difícil: la reconstrucción estatal y municipal de instituciones, cuerpos, personal, leyes y sobre todo compromisos de gobernadores y presidentes municipales. Escondidos detrás de la soberanía republicana, las autoridades estatales y municipales han decidido dejarle al Estado federal todo el peso de la seguridad pública en sus territorios.
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La responsabilidad local ha involucrado la necesidad desatendida de reconstrucción institucional de organismos auxiliares del Estado federal: partidos políticos, empresas productivas, estructuras educativas y de salud y mayor responsabilidad hasta ahora eludida por gobernadores y alcaldes. El fracaso local está siendo endosado a la Guardia Nacional, pero sin reconocer las incapacidades locales de profesionalización y redefinición legal de los aparatos estatales y municipales de seguridad.
Ningún grupo delictivo puede nacer, desarrollarse y consolidarse si no es con el apoyo, el aval o la pasividad de las autoridades estatales y municipales. Y en términos estrictos, la Guardia Nacional carece de facultades y autoridad para tomar el control de las policías locales. Y a esta deficiencia se suma la baja actividad del poder judicial de la federación para reorganizar los espacios locales de impartición de justicia.
Los gobernadores y presidentes municipales se han dedicado a quejarse de la falta de recursos para la modernización de sus estructuras de seguridad, pero no le han dedicado esfuerzo real a la reorganización integral. La reforma constitucional para la Guardia Nacional incluyó la exigencia a gobernadores y alcaldes de entregar informes anuales sobre los Estados que guardan sus cuerpos de seguridad, pero en los hechos casi ninguno lo ha cumplido.
En estos tres años de gobierno se han registrado evidencias de que entidades completas de la república han sido capturadas por el crimen organizado: Morelos, Guanajuato, Quintana Roo, Zacatecas, Estado de México, Ciudad de México, San Luis Potosí y Durango fueron penetradas por cárteles delictivos, sin que la Guardia Nacional tenga funciones concretas de combatir al crimen del fuero común.
Sin un compromiso formal de autoridades estatales y municipales en la reorganización de la estructura de seguridad pública, los resultados generales serán desiguales: mayor presencia física de la Guardia Nacional, pero también mayor actividad delictiva de los grupos criminales.
Las áreas de operación criminal han aprovechado la pasividad de las autoridades estatales y municipales para extender sus áreas de negocios actividades de extorsión y venta de protección que rebasan a las actividades policiacas. Y por si faltara ingenio delictivo, los grupos criminales le han entrado al negocio del tráfico de migrantes y del secuestro de solicitantes de visas de trabajo.
El desafío de seguridad para la segunda mitad del sexenio se puede centrar en el tema de los pendientes estatales y municipales. Sin un mayor involucramiento local en la estrategia de seguridad pública, los resultados seguirán siendo negativos. Es posible que el homicidio doloso haya llegado a su punto máximo, pero puede quedarse en una meseta o en una disminución poco perceptible en el ánimo social.
A pesar de la atención mediática que se le dedica al rubro de homicidios dolosos, la parte más importante hoy en día de la seguridad pública se localiza en los delitos contra el patrimonio de los ciudadanos y contra la seguridad de las personas, dos tareas que deben ser prioridad de las autoridades locales.
Pero sí el gobierno federal llegó al límite de sus posibilidades operativas y los gobiernos estatales y municipales siguen desdeñando el tema de la seguridad pública, debe corresponder a la sociedad la exigencia político-electoral a sus nuevos gobernantes para comprometer acciones más decisivas contra el crimen organizado local.
Mientras la sociedad no politice la exigencia de resultados en seguridad, los gobernantes continuaran entregando malas cuentas.
Zona Zero
· Una información aparecida en el diario Milenio reveló lo que se ha insistido en los últimos años: la complicidad de agentes de seguridad estadounidenses con el crimen organizado. Pero hay otra parte también importante: la estructura judicial-penal-legal en Estados Unidos ha sido muy condescendiente con los consumidores de drogas que definen el tamaño de la demanda y por tanto dimensionan la estructura y el alcance de los cárteles. Los millones de consumidores estadounidenses de drogas han facilitado la estructuración de bandas de tráfico y venta al menudeo en las calles, sin que existan programas de combate a la demanda.
El autor es director del Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
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