na de las reglas de la política al estilo priísta sigue siendo vigente: no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. El INE de Lorenzo Córdova Vianello, Ciro Murayama y Edmundo Jacobo se ha dedicado a amenazar periodistas y analistas como meterlos a la cárcel o con aplicarles sanciones penales si violan reglamentos autoritarios que han sido colocados por encima del mandato proteccionista de la Constitución.
La columna Indicador Político ha sido perseguida a lo largo de cuatro años por Córdoba y Jacobo por haber publicado la referencia a una encuesta citada en una columna de opinión en tiempos restringidos por un reglamento que ha sido valorizado por encima de los artículos sexto y séptimo constitucionales. Y a pesar de que el Tribunal Federal Electoral ha señalado que es un caso de libertad de expresión, el INE sigue insistiendo en sanciones que implican arrestos administrativos.
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La persecución de analistas y políticos por parte del INE es una reproducción exacta del modelo autoritario político que ha sido incapaz de imponer autoridad moral sobre comportamientos electorales. En este sentido, el INE parece más un Ministerio Público que una oficina dedicada de manera exclusiva a la realización de elecciones y conteo de votos y que carece de facultades legales para convertirse en el sacrosanto Ministerio orwelliano de la Democracia y la Virtud Políticas.
La apertura de expedientes penales en la Fiscalía General de la República puso a temblar al grupo de poder que tiene el control autoritario del INE –Córdoba, Murayama y Jacobo–, pero se ha tratado de un tipo de procedimientos judiciales que con toda facilidad ha puesto en marcha el INE para mantener el control autoritario de los procesos electorales.
La arbitrariedad del INE ha llegado al caso de romper los sellos de secrecía o cuando menos de privacidad de los datos de la credencial de elector para tener acceso a direcciones privadas de presuntos acusados y hacerles entrega intimidatoria de cartas judiciales en domicilios privados de los afectados, a pesar de que las presuntas irregularidades ocurrieron en espacios públicos y oficinas de los afectados. Eso sí, las autoridades del INE claman escudos y blindajes privados cuando han ocurrido amenazas de disidentes a realizarse en las casas particulares de los ejecutivos del INE.
La gestión de Córdoba, Murayama y Jacobo está terminando en medio de escándalos judicializados recurrentes y de muchas maneras acertados, en tanto que no es otra cosa que la aplicación a ellos de los métodos autoritarios políticos que ellos han puesto en marcha contra sus críticos.
La realización de la consulta para revocación de mandato reventó ya la vida interna del INE y lo exhibió como un organismo de militancia política en lo que pudiera considerarse una corriente ideológica-pragmática como antipopulismo. El INE de Córdoba ha gastado tiempo y recursos en promover lo que autodenomina como cultura política, aunque toda la cultura es universal y no restrictiva.
Libros, mesas redondas, declaraciones y actividades del INE han identificado el modelo político del presidente López Obrador como populista y en ese sentido manipulan las funciones del Instituto en una actividad antidemocrática de cuestionamiento del proyecto político del presidente de la república en turno.
En una violación clara de su papel de árbitro electoral, el consejero presidente Córdova utiliza sus boletines de prensa dominicales para meterse en la confrontación ideológica de tipo electoral con el objetivo con el objetivo de afectar al partido político que constituye la primera fuerza política nacional y que se perfila en encuestas cómo el ganador de la presidencia de la república en el 2024. En este sentido, el INE de Córdoba opera más como una organización político-electoral que como el árbitro que debe mantener la imparcialidad en la gestión de las elecciones.
El saldo de la confrontación del INE en torno a la consulta revocatoria ha disminuido la autoridad institucional, política y moral a Córdoba, Murayama y Jacobo y se requiere una salida legal que desplace a estos funcionarios electorales por su parcialidad contra el presidente de la república. Si estos tres funcionarios del INE realizan la consulta, el resultado carecerá de legitimidad
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