El fiscal general del Distrito de Columbia acusó a Proud Boys, Oath Keepers y más de 30 personas de “conspirar para aterrorizar” a la capital de EU.
El gobierno de la ciudad de Washington presentó este martes una demanda contra dos grupos de extrema derecha por su papel en el violento asalto del 6 de enero al Capitolio de Estados Unidos por parte de partidarios del entonces presidente Donald Trump.
La demanda civil acusa a Proud Boys, Oath Keepers y más de 30 personas asociadas con estos grupos de “conspirar para aterrorizar” a la capital estadunidense, dijo en rueda de prensa el fiscal general del Distrito de Columbia, Karl Racine.
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Tiene como objetivo “desalentar futuros actos de violencia” y compensar a las víctimas, incluidos los policías de la capital estadunidense, declaró Racine.
La mayoría de las personas nombradas en la demanda ya son objeto de procedimientos penales federales y podrían ser llevados a juicio en los próximos meses.
La demanda civil se basa en una ley promulgada en 1871 para proteger los derechos de los afroestadunidenses después de la abolición de la esclavitud en 1865, en particular contra grupos extremistas como el Ku Klux Klan.
En las décadas de 1980 y 1990, las demandas presentadas en este contexto por activistas antirracistas pusieron de rodillas a varias organizaciones extremistas, obligadas a ceder sus propiedades para pagar las indemnizaciones fijadas por los tribunales.
En noviembre, figuras y organizaciones de la extrema derecha en Estados Unidos fueron ordenadas a pagar más de 25 millones de dólares a las víctimas de una protesta que organizaron en Charlottesville en 2017, que se desembocó en una tragedia.
En febrero, el congresista demócrata Bennie Thompson ya había presentado una demanda civil contra los Proud Boys y los Oath Keepers, así como contra el expresidente Donald Trump y su abogado Rudy Giuliani por su papel en el ataque del 6 de enero contra la sede de Congreso.
Pero “esta es la primera vez que un gobierno local” intenta obtener una reparación, dijo Racine.
Según la demanda, “el atentado del 6 de enero fue un acto coordinado de terrorismo interno” y la ciudad de Washington se vio obligada “a afrontar las consecuencias” de este ataque.
Los seguidores de Trump que invadieron el Capitolio buscaban impedir la certificación de la victoria electoral del presidente Joe Biden.