El Tribunal Supremo de EE.UU. permitió este viernes que un grupo de clínicas que practican abortos continúen en instancias judiciales inferiores su desafío a la ley de Texas que prohíbe la mayoría de interrupciones del embarazo después de las seis semanas.
Sin embargo, la Corte Suprema permitió que siga en vigor la polémica norma texana mientras continúa esa batalla legal.
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La máxima instancia judicial de EE.UU. se pronunció un mes después de escuchar en una audiencia las demandas en contra de la ley de Texas del Gobierno del presidente Joe Biden y de clínicas abortivas, que centraron sus argumentos en aspectos procedimentales de la legislación y no en su constitucionalidad.
Por tanto, el Tribunal Supremo no entró este viernes a valorar si la legislación de Texas viola el derecho al aborto, que fue reconocido en EE.UU. en 1973 gracias al fallo en el caso “Roe contra Wade”, en el que se estableció que una mujer puede acabar con su embarazo en los primeros seis meses de gestación.
La decisión de este jueves se limita a decir que las clínicas pueden continuar con sus desafíos legales en cortes inferiores y, por tanto, intentar que un juez bloquee la legislación texana.
Si eso sucede, lo más probable es que el estado de Texas interponga un recurso y el caso acabe en una corte de apelaciones, desde donde volverá al Tribunal Supremo.
De los nueve jueces del Supremo, ocho votaron a favor de permitir que el caso de las clínicas siga su curso en cortes inferiores, mientras que el magistrado conservador Clarence Thomas se posicionó en contra.
La ley de Texas, que entró en vigor en septiembre, prohíbe el aborto desde las seis semanas de gestación, cuando muchas mujeres aún no saben que están embarazadas, y no contiene excepciones para los casos de incesto o violación.
Uno de sus aspectos más polémicos es que deja en manos de particulares, y no de funcionarios estatales, como suele ser habitual, su aplicación, ya que cualquier persona puede presentar demandas civiles contra cualquiera que ayude a una embarazada a abortar si creen que infringen la prohibición.
Además, ofrece recompensas de hasta 10.000 dólares a cada demandante si gana el juicio.
Ese sistema ha permitido hasta ahora que las autoridades de Texas eludan la responsabilidad por la aplicación de la ley, porque el peso de la implementación recae en esos ciudadanos particulares y no en los líderes conservadores que impulsaron el veto al aborto.
Ninguna otra ley similar que prohíba abortar a las seis semanas de gestación -cuando se puede detectar el latido del corazón del feto- ha entrado en vigor en Estados Unidos.
