Xiomara Castro, la primera mujer que gobernará Honduras cuando asuma la presidencia el 27 de enero de 2022, solicitará a la ONU que envíe una misión para que apoye la lucha contra la corrupción y pedirá al Congreso que derogue las “leyes de la impunidad”.
Castro, de 62 años y del izquierdista Libertad y Refundación (Libre), dijo a la AFP que buscará eliminar las normas que -a su juicio- “han encubierto toda la corrupción” de estos últimos años, en alusión al gobierno de su antecesor, Juan Orlando Hernández.
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Honduras “necesita el corazón de una mujer para gobernar este país, de una madre que sienta las necesidades que el pueblo tiene”, destacó.
La esposa del derrocado presidente Manuel Zelaya (2006-2009) respondió preguntas de la AFP vía audios de WhatsApp. Pero se abstuvo de comentar sobre la posible restitución de relaciones con China -actualmente Honduras reconoce a Taiwán- y sobre sus lazos con la izquierda.
El 59% de los 10 millones de habitantes de Honduras vive en pobreza. Y, desde 2018, miles de personas parten en caravanas rumbo a Estados Unidos, en busca de empleo.
“Nuestro compromiso es garantizar que en Honduras, que en su patria, tengan las condiciones para una vida digna. Educación universal gratuita para todos los niños y todos los jóvenes.
Lograr dar la salud “gratuita universal”, promete Castro, sin mayores detalles por ahora.
En 2016, tras cuestionamientos al presidente Hernández, quien aceptó que parte del dinero para su campaña provino de fondos públicos, ingresó al país una Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH), auspiciada por la OEA, pero se fue en enero de 2020 por desacuerdos.
Algunos acusados argumentaron violación al principio de inocencia. Castro quiere reactivar esa misión al más alto nivel.
La futura presidenta confirmó “acercamientos con Naciones Unidas para lograr la instalación de la CICIH (Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras), (para) que esto nos ayude a combatir la corrupción”.
Anunció además que su gobierno enviará “una iniciativa al Congreso para derogar las leyes que han sostenido la dictadura”, como se refiere al gobierno de Hernández.
Estas normas son llamadas “leyes de la impunidad”, por el estatal Consejo Anticorrupción.
Entre ellas mencionó la “ley de secretos” que clasifica información sobre compras estatales, “con la que han encubierto toda la corrupción”. También se cuestiona la reforma al Código Penal que rebajó las penas por lavado de activos.
Washington pidió elecciones “transparentes y pacíficas” y siguió atentamente el proceso. Tiene en Honduras una base militar desde los años 1980. El secretario de Estado, Antony Blinken, ya mostró disposición de trabajar con Castro.
Mientras que ella dijo que “la relación con Estados Unidos es una relación cordial”.
“Uno de los principales temas es la migración. Es fundamental la defensa de los derechos humanos, la seguridad de los migrantes, principalmente la de los niños y sus familias”, sostuvo.
El narcotráfico se ha infiltrado hasta en las más altas esferas del país, salpicando incluso al presidente. El hermano del gobernante, “Tony” Hernández, cumple cadena perpetua en Estados Unidos por tráfico de drogas. El mandatario niega los cargos.
“Nuestra lucha será frontal contra el narcotráfico. Vamos a garantizar la seguridad de nuestras fronteras, tanto aéreas como marítimas, para que, tanto el narcotráfico como el tráfico de armas, no se puedan dar en nuestro país”, dijo Castro.
En 2013 el gobernante Partido Nacional impulsó la creación en el Congreso de las Zonas Especiales de Desarrollo Económico (Zede), territorios autorizados a funcionar con autonomía dentro del Estado de Honduras.
Su objetivo es promover la inversión, pero la sociedad civil las considera inconstitucionales, “estados dentro del propio Estado” y que pueden convertirse en refugio de extraditables. Actualmente funcionan tres. La ONU ha pedido a Honduras que “revise” su compatibilidad.
“Inmediatamente que asumamos la presidencia, vamos a presentar ante el Congreso Nacional una iniciativa para que se derogue la ley de las ZEDE“, dijo Castro.
Tras haber sido electo por el Partido Liberal (PL, derecha), el gobierno de su esposo Manuel Zelaya dio un giro a la izquierda, al vincularse con Hugo Chávez (Venezuela) y Daniel Ortega (Nicaragua), y fue derrocado en 2009 por una alianza cívico-militar. Entonces exiliado, retornó al país en 2011.
En campaña, Castro aseguró que su gobierno será de un “socialismo democrático”. No se refirió a sus filiaciones ideológicas en esta ocasión.
Como primera mujer en gobernar Honduras, “tengo un compromiso de hacer que se respeten los derechos de la mujer”, dijo.
Y destacó los logros del gobierno de su esposo en la lucha contra la pobreza. “En este nuevo gobierno (…) voy a tener al mejor asesor en casa presidencial”, comentó.
Con una deuda de casi 17.000 millones de dólares -11.000 de deuda externa-, una de “las primeras acciones que realizaremos será readecuar esa deuda”, sostuvo.
“No vamos a imponer nuevos impuestos”, precisó, en momentos en que analistas predicen dificultades en las finanzas por la deuda y el déficit fiscal.
