La Secretara del Medio Ambiente y Recursos Naturales, SEMARNAT, María Luisa Albores González se comprometió ante activistas de Guardianes de la Sierra, a anular el acuerdo de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, CONANP, que excluía mil 805 hectáreas de la propuesta de protección a la Sierra de San Miguelito en las que se construiría el proyecto inmobiliario Las Cañadas, del empresario Carlos, “Chato” López Medina.
Tras la denuncia de los Guardianes de la Sierra de San Miguelito, GSSM, sobre el “decreto a modo” que favorecía a los inmobiliarios el pasado jueves, esa misma noche la titular de Semarnat, María Luisa Albores González, sostuvo una reunión virtual con los activistas, donde se firmó una minuta de cuatro puntos para la mejor protección de la Sierra de San Miguelito, reveló la propia funcionaria en Video charla Astillada, con el potosino Julio Hernández. De paso, la dependencia supo de la controversia constitucional de GSSM contra el Plan de Desarrollo Urbano de Villa de Reyes 2021, por invadir zonas del Parque Nacional Gogorrón junto con otra parte de la Sierra de San Miguelito de ese municipio con fines urbanizables, por lo que también se incluyó en la minuta el compromiso de corregir inexactitudes en diversas comunidades y ejidos villarreyenses.
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Cabe precisar que tal reunión se realizó luego de que los GSSM, encabezados por el activista Carlos Rendón Covarrubias, se negaron a desistirse del amparo contra el acuerdo de la CONANP que excluyó esas hectáreas como un polígono destinado a uso habitacional, con dedicatoria a los inmobiliarios que llevan décadas codiciando la zona.
Al negarse, la Secretaria Albores les pidió una propuesta alternativa, generándose el diálogo del que finalmente se desprendieron los cuatro acuerdos: La anulación del oficio del 4 de junio, firmado por César Sánchez Ibarra, director de Conservación para el Desarrollo de la CONANP que aparentemente tomó solo la decisión y por ello será investigado, pero por lo pronto Albores dejó sin efecto la exclusión de las mil 805 hectáreas de la ANP, donde se proyecta el Desarrollo del Chato López, “Las Cañadas”, como éste lunes notificarán a comuneros de San Juan de Guadalupe.
TAMBIÉN EN VILLA DE REYES
En el segundo punto, la SEMARNAT se comprometió a proteger las superficies que no fueron incluidas en la propuesta de ANP: Otras 475 hectáreas declaradas urbanizables, dentro de los programas municipales de desarrollo para lo cual hará determinaciones ambientales a fin de buscar una declaratoria complementaría que las incluya en su protección aunque, la Secretaria Albores advirtió que “tiene que haber un diálogo y en ese diálogo está el qué hacer”.
Esto porque reconoce no solo que la exclusión de las mil 805 hectáreas fue un error cometido por Sánchez Ibarra por lo que se revisarán los procedimientos para tomar medidas correctivas; también existe gran presión por parte de los desarrolladores inmobiliarios, tanto hacia las autoridades locales y federales, como hacia los propios poseedores de las tierras que pretenden urbanizar, y no sólo en el proyecto Las Cañadas.
Hacen presión “con los comisariados ejidales para lograr cambios de uso de suelo”, por eso en el tercer punto establecen candados jurídicos a fin de que, aunque después vendan terrenos y demás, no se permitan construcciones en estos lugares, “sobre todo los fraccionamientos que están metiendo mucha presión”, mientras que en el cuarto y último se acuerda que a partir de ahora, será la SEMARNAT quien inicie una controversia constitucional en contra del Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Villa de Reyes por incluir áreas de protección ecológica de Gogorrón y de la propia Sierra de San Miguelito con fines de urbanización. ¿Qué tal?
En éste mar4co, cada vez son más los escándalos e irregularidades que exhiben los diputados locales, bajo la batuta de José Luis, “Chiquis” Fernández, sobre la manera en que se conduce la Auditoría Superior del Estado al grado de que tras rechazar los informes de la Cuentas Públicas 2020 donde precisaron diversas inconsistencias; debieron solicitar una auditoría externa que les verifique si el trabajo de la ASE fue correcto. O sea: Que auditen al Auditor.
TRAMA DE CHIQUIS
Y, ¿Por qué el “Chiquis” ya no confía en la Ase? Habría que remontarse a los últimos 3 informes de la ASE sobre las finanzas del vecino municipio de Soledad de Graciano Sánchez, donde el lacayo de la Gallardía no salió bien librado y hasta el momento tiene sin aclarar una buena danza de millones, 145 millones de pesos concretamente, que son la causa del perruno asedio de que es objeto la Auditora Rocío Elizabeth Cervantes Salgado.
El pecado de Cervantes Salgado, que la llevará a renunciar quizá esta misma semana a la titularidad de la Auditoría Superior del Estado donde igual que a Federico Garza en la FGR aún le faltan 3 años para los que fue electa en el encargo, es porque la Gallardía no le perdona que en las auditorías del ejercicio 2020 se decantara por la legalidad y no por el interés político pues las irregularidades del Chiquis en Soledad, duplicaron las de Xavier Nava en nuestra capital. Es decir: Fue el doble de descuidado con el gasto público ¿ratero? que XNP y eso les cayó en la punta del hígado.
Pasado un año y luego de que el ex Edil soledense asumió el liderazgo de la Junta de Coordinación Política, Jucopo, en la LXIII Legislatura sin justificar esos 145 milloncitos de pesos, el encono contra Rocío es batiente y creciente. Ya le echaron a andar a los abogados y también a los contadores, solo falta que la Curia se sume y también pida su destitución sin que nadie la pueda culpar de falta grave o deshonestidad alguna en su trabajo.
Cervantes Salgado no debería acceder a las presiones del presidente de la Jucopo regalándole su renuncia. Al contrario, debería probar que las mujeres también resistimos todo tipo de presiones y ya que fue designada por el Congreso del Estado mantenerse en el cargo hasta el fin de su periodo, en 2024. Habrá que ver si resiste.
EL ISSSTE Y LOS DIRECTORES
Y no sin antes consignar que en medio de la pandemia, de cuya cuarta ola y nueva cepa Omicrón estamos a la espera, los maestros contagiados de covid se ven aún más perjudicados por las ineficiencias burocráticas del ISSSTE… Resulta que en Urgencias no dan incapacidades sino en la clínica adscrita, pero ahí solo atienden previa cita… No niegan las citas pero las dan para 2 semanas después… El problema es que los maestros solo tienen 72 horas para justificar una falta sin que les descuenten la falta… Así que aunque tengan síntomas de Covid-19 se ven forzados a seguir dando clases para mantener su empleo pues los directores están aferrados a hacer lo imposible para mantener las clases presenciales, dado que con los alumnos en casa, nadie puede hacer chanchuyos… De eso es de lo que se trata y que se enferme quien sea… Y aquí nos leemos el próximo miércoles. ¡Ya se antoja un ponchecito!
