El regreso del presidente López Obrador al dominio del Estado en electricidad y petróleo quiere terminar con el ciclo de privatización de la economía pública que ocurrió en los gobiernos de los presidentes Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari 1983-1994. El debate se ha centrado en el rechazo a la economía estatal, pero sin reconocer el fracaso del sector privado en la administración de áreas productivas importantes de la economía y su incapacidad para generar bienestar social.
La historia económica de México en la época posrevolucionaria 1917-2018 ha sido pendular. Comenzó con la Constitución de 1917 –aún vigente, aunque reformada– que señalaba el dominio del Estado en la economía. El presidente Cárdenas (1934-1940) sentó las bases de un capitalismo monopolista de Estado. El largo ciclo 1946-1970 fue definido como el de un desarrollo con estabilidad macroeconómica antiinflacionaria con economía mixta y un Estado con políticas de apoyo al sector privado. Los gobiernos de Echeverría y López Portillo (1971-1982) potenciaron la expansión productiva directa del Estado en la propiedad de empresas, pero con ineficiencia que llevó a déficit presupuestales de hasta 14%. Los presidentes Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari (1983-1994) redujeron la participación productiva directa del Estado con la venta de las empresas públicas a empresarios y subordinaron la economía mexicana a la globalización productiva internacional con el Tratado de Comercio Libre de Norteamérica.
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Los objetivos de las decisiones presidenciales para definir el modelo económico y productivo se fijaron en función de la responsabilidad del Estado en políticas económicas que promovieran el crecimiento económico y la distribución del bienestar. La tasa de PIB promedio anual en el largo período estatista y populista de 1934 a 1982 fue de 6%, con un promedio de inflación de 2% en 1958-1970 y de 10% en 1971-1976. La dinámica populista de expansión del Estado tuvo su punto culminante el 1 de septiembre de 1982 con la expropiación de la banca privada por acusaciones gubernamentales de especulaciones con el tipo de cambio.
La crisis del modelo de economía de Estado estalló en una larga crisis económica de 1973 a 1982 por la presión inflacionaria generada por la expansión del gasto público sin ajustes correlativos en las políticas fiscales. La devaluación del peso mexicano en 1976 y la macro devaluación de 1982 fue producto de la inflación impulsada por el gasto público. El tipo de cambio mexicano se mantiene en función de una equidistancia entre la inflación de México y la inflación de Estados Unidos, debido a la relación de vecindad y al gasto creciente de mexicanos en el mercado estadounidense.
El modelo neoliberal de De la Madrid-Salinas se justificó con el argumento de que las empresas estatales desangraban el presupuesto por los subsidios destinados a las empresas públicas, cuando se esperaba que esas paraestatales en realidad aportarán utilidades para financiar el gasto gubernamental. El modelo neoliberal consolidó la dinámica productiva en las empresas privadas y descansó en el funcionamiento del mercado. Sin embargo y a pesar de sus promesas, la economía neoliberal no cumplió con su principal compromiso de bienestar: la tasa anual promedio del PIB en el ciclo neoliberal 1982-2018 fue de 2%, un tercio del promedio de 6% del ciclo populista. A ellos se agregaron las cifras de una mala distribución de la riqueza que generaron que el 80% de los mexicanos viva con restricciones sociales y solo el 20% restante tenga condiciones de bienestar sin pasivos sociales.
La propuesta del presidente López Obrador de regresar el Estado a la preponderancia económica se justificó con el argumento de que el mercado y la empresa privada tienen la prioridad de las utilidades y que solo el Estado asume el compromiso de manejar la economía para el bienestar.
Las decisiones presidenciales no se basan en una estatización de la economía sino en el modelo de preponderancia del Estado, es decir de tener una mayoría estatal en la actividad económica. La ley eléctrica quiere pasar la participación del Estado en la energía del 46% al 54% y no como se cree que el Estado tenga el 100% del sector.
La competencia y dominación del Estado y el mercado ha sido pendular. Lo más cercano al modelo del presidente López Obrador podría ser el capitalismo monopolista de Estado del presidente Lázaro Cárdenas, quien le dio hegemonía al Estado. Pero la expropiación de las empresas petroleras no fue una decisión original de su proyecto, sino que derivó de un conflicto laboral de trabajadores mexicanos con las empresas extranjeras que fueron respondidas con arrogancia empresarial. El presidente Cárdenas decidió la expropiación cuando los dueños de las empresas dijeron que no confiaban en la palabra presidencial para compromisos de regulación salarial y horas de trabajo.
El debate actual en México debe ser entendido en términos del modelo de preponderancia del Estado y analizado con sentido crítico en función de la viabilidad práctica, porque no se trata solo de que el Estado asuma la mayoría productiva en sectores estratégicos sin tener fondos para apuntalar esa decisión. Hasta hoy, el Estado ha ido avanzando en su presencia productiva, pero cancelando contratos existentes con empresas privadas y ahí es donde se ha dado el debate y los reclamos.
El modelo de capitalismo monopolista de Estado se basa en la capacidad económica del Estado para financiar actividades productivas en mejores condiciones que la empresa privada y aportar utilidades al financiamiento presupuestal. Esta vía de Estado debe dejar muy clara la capacidad de competencia productiva con el sector privado y no el desplazamiento empresarial por decisiones de autoridad.
Este es el actual debate en México entre el Estado y empresas privadas mexicanas y extranjeras.
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