A pesar de las reuniones de alto nivel con funcionarios de la Casa Blanca, el mensaje que está dejando Estados Unidos es que México ya no es una preocupación de seguridad nacional geoestratégica, sino una inquietud consistente de seguridad pública en los temas de narcotráfico, cárteles y migrantes ilegales.
Los temas prioritarios que tienen conflictuados a los estrategas de la Casa Blanca se ajustan a las decisiones económicas mexicanas para desmantelar el modelo económico neoliberal de mercado globalizado que instauró el presidente Salinas de Gortari con las reformas de desestatización y que construyeron la estructura del Tratado de Comercio Libre con Estados Unidos y Canadá.
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El enfoque geopolítico de seguridad nacional de EU hacia México derivó del desmoronamiento de la Unión Soviética en 1989-1991 y el fin de la guerra fría ideológica como eje de la disputa de sistemas productivos capitalistas-comunistas.
El presidente Bush Sr. aprobó el Tratado y los gobiernos de Clinton a Trump fueron desactivando la situación de conflicto geoestratégico con México.
Los últimos indicios de la despreocupación de EU hacia México se han dado en función de las relaciones bilaterales militares, a partir del hecho de que el ejército mexicano tiene cada vez menos actividad en seguridad nacional y en seguridad interior y a la expansión de sus actividades a labores ajenas a los tradicionales enfoques de seguridad nacional estadounidense.
Asimismo, la Casa Blanca tomó nota de la decisión mexicana de alejarse de la política exterior que operaba como factor de equilibrio en la guerra fría EU-América Latina, primero por lo considerado en el Memorándum Negroponte de que el Tratado subordinaría la política exterior progresista de México y después por la decisión del presidente López Obrador de abandonar el escenario internacional.
En este sentido, la Casa Blanca se ha topado con la nueva política interior de México basada en la reconstrucción del papel preponderante del Estado en la economía y el sistema productivo, pero en el entendido de que no habrá ninguna decisión estadounidense de seguridad nacional –es decir: de desestabilización– porque la agenda se debe de desahogar en tribunales contenciosos internacionales.
En este sentido, los opositores a la ley eléctrica han solicitado el apoyo político y de seguridad nacional de la Casa Blanca para presionar al gobierno de López Obrador con sanciones al viejo estilo reaganiano, pero se están encontrando con una respuesta inesperada: Biden no será capaz de desestabilizar a México como en los tiempos de Nixon y Reagan y el procónsul estadounidense Ken Salazar tampoco será un intervencionista a John Gavin del pasado.
El gobierno de Biden carece de fuerza estratégica para enfrentarse con López Obrador y menos estaría pensando en derrocar al gobierno mexicano en su fase neoestatista. Eso sí, la Casa Blanca va a intervenir u operar de manera unilateral en el tema de los cárteles del crimen organizado en México, pero sin la capacidad operativa del pasado.
Y en materia migratoria, Washington ha logrado que en México regrese a la fase de contención de caravanas migrantes y llegue a un acuerdo para recibir a migrantes en proceso de solicitud de visas humanitarias o de trabajo.
La debilidad del gobierno de Biden se ha percibido en el rechazo a las propuestas de programas sociales de México para Centroamérica, pero por razones de diplomacia ha tenido que darles cauce sin comprometer decisiones de Estado ni fondos especiales.
La estrategia diplomática del presidente López Obrador opera en los limites de la confrontación y se basa en el enfoque unilateral de los intereses mexicanos desde el punto de vista de su administración, intuyendo que el viejo imperio estadounidense es hoy –como lo considerara el líder chino Mao– solo un tigre de papel, porque Biden no parece capaz de tomar decisiones intervencionistas u operaciones clandestinas de la CIA ni tampoco dar la autorización para una invasión militar.
En los hechos, López Obrador ya le tomó la medida a Biden y la vicepresidenta Kamala Harris.
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