El presidente de Estados Unidos ya había advertido sobre sanciones contra Nicaragua, país gobernado por Daniel Ortega.
Joe Biden promulgó una ley que habilita nuevas sanciones contra el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, que Washington considera una “dictadura” contra la cual aplicará todo el peso legal y diplomático disponible.
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Biden sancionó la “Ley de Fortalecimiento de la Adherencia de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral de 2021”, más conocida como Ley RENACER por sus siglas en inglés, “la cual impone sanciones al gobierno del presidente nicaragüense Daniel Ortega”, informó la Casa Blanca, destacando que permite “restringir los préstamos bancarios multilaterales y combatir la corrupción del régimen”.
En un comunicado, el Ejecutivo agradeció el “liderazgo” de los legisladores que impulsaron la iniciativa, aprobada la semana pasada con amplio apoyo bipartidista.
Entre ellos están Dick Durbin, el demócrata número dos de la Cámara Alta, y el también demócrata Bob Menéndez, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, además de los senadores republicanos Marco Rubio y Ted Cruz.
Asimismo aparecen el congresista demócrata Albio Sires, y su colega republicana María Elvira Salazar, cuyo exmarido, Arturo Cruz, es uno de los siete aspirantes presidenciales detenidos.
Ortega, en el poder desde 2007, ganó el domingo un cuarto mandato consecutivo en un proceso electoral con opositores presos, partidos ilegalizados y decenas de miles de exiliados.
Herramientas diplomáticas y económicas
Lo que el presidente nicaragüense Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, orquestaron hoy fue una elección de pantomima que no fue ni libre ni justa, y ciertamente no democrática”, dijo Biden el mismo domingo en un comunicado de la Casa Blanca, calificando de “farsa” los comicios.
Estados Unidos “utilizará todas las herramientas diplomáticas y económicas a su disposición para apoyar al pueblo de Nicaragua”, prometió.
La Ley RENACER presenta un arsenal de medidas para incrementar la presión sobre Managua.
Requiere aumentar, en coordinación con Canadá, la Unión Europea y países latinoamericanos y caribeños, las sanciones selectivas de Estados Unidos a personas involucradas en abusos de derechos humanos y obstrucción de elecciones libres.
Además, amplía la supervisión de los préstamos de las instituciones financieras internacionales a Managua, y pide revisar la participación de Nicaragua en el pacto de libre comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (CAFTA-DR).
También suma a Nicaragua a la lista de países centroamericanos sujetos a restricciones de visa por corrupción, y requiere más informes de inteligencia sobre las actividades del gobierno ruso en el país centroamericano, incluyendo reportes sobre las ventas militares de Moscú a Managua.
Estados Unidos ya impuso en los últimos años sanciones económicas a Murillo y a tres de los hijos de la pareja, así como a titulares del Banco Central, la Policía y el Ejército y canceló visados a un centenar de funcionarios nicaragüenses por corrupción y abusos de derechos humanos.
