Si algo le ha permitido a México convivir de manera inevitable con un elefante como vecino, sin duda que ha sido el nacionalismo en diferentes versiones y vertientes. Del nacionalismo revolucionario hasta 1982 se pasó al nacionalismo de resistencia que no pudo evadir el compromiso estratégico y geopolítico del Tratado de Comercio Libre del presidente Salinas de Gortari.
El contenido no explicito del Entendimiento Bicentenario podría estar definiendo una nueva etapa del nacionalismo: la definición y defensa de los intereses nacionales mexicanos vis a vis los compromisos de vecindad, de dominio estratégico y de integración comercial.
¡SIGUE NUESTRO MINUTO A MINUTO! Y ENTÉRATE DE LAS NOTICIAS MÁS RELEVANTES DEL DÍA
La puesta en marcha del nuevo acuerdo no formal de seguridad binacional implicara la redefinición, desde la perspectiva del Estado mexicano, de la doctrina de seguridad nacional, ahora en una sana mixtura con la política exterior y la política de defensa nacional.
Por temores políticos, el debate de la seguridad nacional estuvo contaminado durante mucho tiempo por la doctrina contrainsurgente impuesta por el ejército estadounidense en México en el escenario de la guerra fría y sobre todo del periodo de la guerrilla armada mexicana en 1967-1985.
Sin embargo, el aplastamiento de la guerrilla terminó con la validez de ese enfoque y el error estratégico ha sido mantenerlo ante un nuevo adversario del Estado: el crimen organizado como poder de confrontación y captura del Estado. La diferencia entre guerrilla y crimen organizado se localiza en que la primera define una interpretación ideológica de la lucha política en la fase de insurgencia armada. Y aunque el crimen organizado está capturando porciones territoriales y administrativas del Estado, al final las intenciones son de beneficio propio para los capos, sin ninguna intención de distribuir los beneficios económicos del negocio de la droga.
Ante la inevitabilidad de un acuerdo de seguridad por las presiones de Estados Unidos derivada del alto consumo interno de drogas y de la pérdida del control de la frontera, México asistió al Diálogo de Alto Nivel en Seguridad y tuvo que aceptar algunas propuestas de equidistancia en materia de narcotráfico y seguridad fronteriza.
El problema fue el concepto doctrinario de seguridad nacional. Para la Casa Blanca, la seguridad nacional se resume en el uso de todos los recursos legales e ilegales para mantener el dominio imperial de Estados Unidos y defender el eje ideológico del american way of life o modo de vida estadunidense o el “sueño americano”. Esta doctrina ha justificado guerras, invasiones, derrocamientos y una estructura militar mundial que define todo tipo de política de Estados Unidos.
Para México, en cambio, la seguridad nacional es la defensa del Estado mexicano y de su forma de gobierno ante agresiones extranjeras; es decir, se trata de una política de defensa territorial. Frente a las nuevas amenazas, las doctrinas de seguridad mexicanas se han quedado estancadas en los viejos conceptos, en tanto que la dinámica de las agresiones ha cambiado. Por ejemplo, el creciente activismo y poder del crimen organizado al interior de México desde 1984 llevó a una nueva etapa de definición doctrinaria: la seguridad interior, es decir, la reproducción de la seguridad nacional dentro de las fronteras mexicanas ante enemigos domésticos que buscan vulnerar el sistema político, la forma de gobierno y la estabilidad social.
El gobierno del presidente Peña Nieto hizo un intento en 1987 y 1988 de entrarle de frente al asunto de la seguridad interior y logró un primer intento de ley reglamentaria de la fracción VI del artículo 89 constitucional donde se acredita el mantenimiento de la seguridad interior a una facultad estricta del presidente de la República. En el debate, aprobación y abrogación de la ley se evitó la discusión del concepto de seguridad interior como nuevo paradigma de la defensa del Estado mexicano. Ahora, con el entendimiento bicentenario, Palacio Nacional está obligado a reorganizar toda la doctrina de seguridad nacional para tener una estructura de resistencia ante los nuevos compromisos de cooperación y colaboración con la estructura de seguridad nacional de Estados Unidos que define toda su relación bilateral.
En este contexto, el gobierno mexicano tendrá que darle mucha velocidad al cumplimiento de cuando menos cinco de los compromisos asumidos en la estrategia Nacional de Seguridad pública de 2019 y hasta ahora no cumplidos: el programa para la seguridad nacional, el sistema nacional de inteligencia, la promoción del concepto de “cultura de seguridad nacional”, el mejoramiento de las capacidades tecnológicas en los tres ámbitos de la seguridad y el documento único de identificación nacional biometrizado.
Y de modo natural, la urgencia de una agencia antinarcóticos con suficiente fuerza, apoyo y autonomía para negociar con la DEA y resistir la subordinación absoluta.
El Entendimiento Bicentenario de un paso estratégico hacia el nacionalismo de seguridad nacional, aunque con compromisos de reorganización doctrinaria, presupuestal y operativa interna para evitar que Estados Unidos siga imponiendo de manera arbitraria su fuerza de seguridad nacional.
i algo le ha permitido a México convivir de manera inevitable con un elefante como vecino, sin duda que ha sido el nacionalismo en diferentes versiones y vertientes. Del nacionalismo revolucionario hasta 1982 se pasó al nacionalismo de resistencia que no pudo evadir el compromiso estratégico y geopolítico del Tratado de Comercio Libre del presidente Salinas de Gortari.
El contenido no explicito del Entendimiento Bicentenario podría estar definiendo una nueva etapa del nacionalismo: la definición y defensa de los intereses nacionales mexicanos vis a vis los compromisos de vecindad, de dominio estratégico y de integración comercial.
La puesta en marcha del nuevo acuerdo no formal de seguridad binacional implicara la redefinición, desde la perspectiva del Estado mexicano, de la doctrina de seguridad nacional, ahora en una sana mixtura con la política exterior y la política de defensa nacional.
Por temores políticos, el debate de la seguridad nacional estuvo contaminado durante mucho tiempo por la doctrina contrainsurgente impuesta por el ejército estadounidense en México en el escenario de la guerra fría y sobre todo del periodo de la guerrilla armada mexicana en 1967-1985.
Sin embargo, el aplastamiento de la guerrilla terminó con la validez de ese enfoque y el error estratégico ha sido mantenerlo ante un nuevo adversario del Estado: el crimen organizado como poder de confrontación y captura del Estado. La diferencia entre guerrilla y crimen organizado se localiza en que la primera define una interpretación ideológica de la lucha política en la fase de insurgencia armada. Y aunque el crimen organizado está capturando porciones territoriales y administrativas del Estado, al final las intenciones son de beneficio propio para los capos, sin ninguna intención de distribuir los beneficios económicos del negocio de la droga.
Ante la inevitabilidad de un acuerdo de seguridad por las presiones de Estados Unidos derivada del alto consumo interno de drogas y de la pérdida del control de la frontera, México asistió al Diálogo de Alto Nivel en Seguridad y tuvo que aceptar algunas propuestas de equidistancia en materia de narcotráfico y seguridad fronteriza.
El problema fue el concepto doctrinario de seguridad nacional. Para la Casa Blanca, la seguridad nacional se resume en el uso de todos los recursos legales e ilegales para mantener el dominio imperial de Estados Unidos y defender el eje ideológico del american way of life o modo de vida estadunidense o el “sueño americano”. Esta doctrina ha justificado guerras, invasiones, derrocamientos y una estructura militar mundial que define todo tipo de política de Estados Unidos.
Para México, en cambio, la seguridad nacional es la defensa del Estado mexicano y de su forma de gobierno ante agresiones extranjeras; es decir, se trata de una política de defensa territorial. Frente a las nuevas amenazas, las doctrinas de seguridad mexicanas se han quedado estancadas en los viejos conceptos, en tanto que la dinámica de las agresiones ha cambiado. Por ejemplo, el creciente activismo y poder del crimen organizado al interior de México desde 1984 llevó a una nueva etapa de definición doctrinaria: la seguridad interior, es decir, la reproducción de la seguridad nacional dentro de las fronteras mexicanas ante enemigos domésticos que buscan vulnerar el sistema político, la forma de gobierno y la estabilidad social.
El gobierno del presidente Peña Nieto hizo un intento en 1987 y 1988 de entrarle de frente al asunto de la seguridad interior y logró un primer intento de ley reglamentaria de la fracción VI del artículo 89 constitucional donde se acredita el mantenimiento de la seguridad interior a una facultad estricta del presidente de la República. En el debate, aprobación y abrogación de la ley se evitó la discusión del concepto de seguridad interior como nuevo paradigma de la defensa del Estado mexicano. Ahora, con el entendimiento bicentenario, Palacio Nacional está obligado a reorganizar toda la doctrina de seguridad nacional para tener una estructura de resistencia ante los nuevos compromisos de cooperación y colaboración con la estructura de seguridad nacional de Estados Unidos que define toda su relación bilateral.
En este contexto, el gobierno mexicano tendrá que darle mucha velocidad al cumplimiento de cuando menos cinco de los compromisos asumidos en la estrategia Nacional de Seguridad pública de 2019 y hasta ahora no cumplidos: el programa para la seguridad nacional, el sistema nacional de inteligencia, la promoción del concepto de “cultura de seguridad nacional”, el mejoramiento de las capacidades tecnológicas en los tres ámbitos de la seguridad y el documento único de identificación nacional biometrizado.
Y de modo natural, la urgencia de una agencia antinarcóticos con suficiente fuerza, apoyo y autonomía para negociar con la DEA y resistir la subordinación absoluta.
El Entendimiento Bicentenario de un paso estratégico hacia el nacionalismo de seguridad nacional, aunque con compromisos de reorganización doctrinaria, presupuestal y operativa interna para evitar que Estados Unidos siga imponiendo de manera arbitraria su fuerza de seguridad nacional.
Zona Zero
· Aunque se dieron los avisos a tiempo, ninguno de los candidatos a diputados federales, diputados locales, alcaldes y gobernadores le puso interés el tema de la seguridad como agenda de campaña y como prioridad de Gobierno. Ahora se están dando tomas de posesión en medio de evidencia del grado de expansión criminal, política y de gobierno de los grupos delictivos y la falta de propuestas inmediatas de los nuevos funcionarios para fijar las nuevas reglas del juego en materia de seguridad con el crimen organizado. Pronto se van a tener evidencias respecto a la advertencia de que el crimen organizado se metió en las campañas y comenzará a cobrar favores en las nuevas funciones políticas de los elegidos.
El autor es director del Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
El contenido de esta columna es responsabilidad exclusiva del columnista y no del periódico.
seguridadydefensa@gmail.com
www.seguridadydefensa.mx
@carlosramirezh
