Fallas estructurales y omisiones en la construcción de la Línea 12 del Metro de Ciudad de México fueron los responsables del colapso en el recorrido elevado la noche del pasado 3 de mayo, según indica una investigación realizada por la Fiscalía de la capital.
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La fiscal, Ernestina Godoy, ha explicado que la dependencia presentará cargos “contra personas morales y físicas” por los delitos de homicidio, lesiones y daño a la propiedad, aunque no precisó la identidad de los imputados.
Este peritaje es adicional e independiente al que realizó la empresa noruega de Det Norske Veritas (DNV) y que fue presentado en septiembre. Sin embargo, los resultados son concluyentes: ningún tipo de mantenimiento habría prevenido el fatal accidente. “El error grave de construcción referente a la carencia, mala ubicación y mala soldadura de los pernos de cortante, por las mismas razones no podrían haber sido detectadas en inspecciones tanto que no son visibles”, ha explicado esta tarde Ulises Lara, vocero de la Fiscalía.
En las próximas horas, la dependencia acudirá al Poder Judicial para iniciar el proceso penal contra los presuntos responsables, según ha dicho Godoy. Sin embargo, la fiscal no descarta que haya medios alternativos para que las víctimas y los acusados puedan llegar a un acuerdo, “bajo la premisa de que la justicia alternativa puede ofrecer mejores opciones para asegurar la reparación integral de las víctimas”, señaló este jueves.
El desplome del tramo elevado entre las estaciones Olivos y Tezonco dejó un saldo de 26 fallecidos y casi un centenar de lesionados, además de que ha afectado a cientos de miles de personas que han dejado de usar el servicio del transporte colectivo. La llamada Línea Dorada, que conecta algunas de las zonas más alejadas y humildes del suroriente de la capital, se construyó durante el Gobierno de Marcelo Ebrard (2006-2012).
Hasta el momento, no ha habido una imputación directa. Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del mundo y cuya empresa, Grupo Carso, fue una de las compañías encargadas de construir el tramo elevado, ha defendido la participación de su constructora. En junio, un juez desechó una demanda colectiva promovida por los abogados de las víctimas contra el Sistema de Transporte Colectivo (STC) que pedía una indemnización de más de seis millones de pesos para cada una de las 26 familias de las personas fallecidas.
