La migración irregular de caravanas de habitantes de países subdesarrollados de Iberoamérica y el Caribe es la consecuencia de una causa mayor que nadie quiere centralizar por las responsabilidades no asumidas: los modelos de desarrollo de esas economías dependientes fueron impuestos por el capitalismo estadounidense en función de sus necesidades y a partir de la exacción de recursos naturales.
Los datos revelan una crisis en grado de colapso: de enero a septiembre de este año las autoridades migratorias estadounidenses han arrestado y regresado a sus países a más de 1.2 millones de personas, por presiones de corto plazo se aceptaron más de diez mil haitianos que habían ingresado al país por la fuerza, decenas de caravanas se siguen organizando en la segunda frontera estratégica estadounidense: el río Suchiate del sur de México con Guatemala y decenas de miles de mexicanos siguen intentando cruzar la frontera en busca, todos, de empleo y bienestar.
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México, los países del triángulo del norte centroamericano (Guatemala, Honduras y El Salvador), venezolanos huyendo de la crisis de Maduro y ahora miles de haitianos que abandonan un país que es sinónimo de desastre político, económico y social son las naciones que configurarán las caravanas de migrantes y todos ellos han dependido por siempre del sistema económico estadounidense que explota economías y recursos y no les regresa ningún bienestar para sus pueblos.
El caso más ejemplar es México. Estados Unidos negoció en 1990-1993 un Tratado de Comercio Libre para la integración del sistema productivo y para abrirle a la economía estadounidense el presunto mercado potencial de 120 millones de personas. México multiplicó por diez su comercio exterior, pero los beneficios no llegaron a la economía social: la tasa promedio anual del PIB mexicano de 1993 a 2018 apenas creció 2.2%, contra la necesidad de un 6% requerido para atender las necesidades de empleo y bienestar para la población.
Los países iberoamericanos y del Caribe están en una situación peor por la circunstancia agravante de que sus estructuras de producción capitalista carecen de niveles de competitividad internacional y tampoco son atractivas para establecer cadenas productivas con la economía estadounidense, lo que deja solo la existencia de recursos naturales como el camino para algún tipo de beneficio. Estados Unidos tiene firmados tratados comerciales con casi una decena de países latinoamericanos, pero solo obtiene beneficios de México.
EU se apropió del destino Iberoamericano al comenzar el siglo XIX con la llamada Doctrina Monroe, una declaración potenciada por el entonces presidente estadounidense que refería el dominio y el control de Estados Unidos de todo el continente americano. Sin embargo, en doscientos años el saldo negativo de democracia y bienestar en la región aparece como responsabilidad directa de Washington.
Para la Casa Blanca, la región americana ha representado solo un escudo de seguridad nacional frente a los reacomodos ideológicos mundiales, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial y de manera señalada desde la revolución cubana en modo marxista-leninista desde 1961. Pero el uso de instrumentos y mecanismos de seguridad estadounidense ha sido solo político e ideológico, sin desarrollar ningún programa de modernización productiva para crear condiciones de empleo y bienestar para ahuyentar los radicalismos socialistas.
El gobierno de Estados Unidos endureció en el siglo XX su política de seguridad debido al escudo ideológico, invadiendo países, propiciando golpes de Estado y aislando precarias experiencias socialistas como las de Cuba, Nicaragua y Venezuela. La estructura capitalista estadounidense se dedicó a extraer recursos naturales de los países del continente, sin propiciar políticas de desarrollo: acosó a México y Venezuela por el petróleo, alentó el golpe de Estado en Chile por el cobre y mantiene controles estrictos sobre Colombia y Bolivia por el control de la droga. EU construyó el Canal de Panamá y convirtió a esa zona en una base militar funcional al control de los ejércitos Iberoamericano a través del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, de la Junta Interamericana de Defensa, de la Conferencia de Ejércitos Americanos y de la famosa Escuela de las Américas que entrenó a militares y policías en tácticas contrainsurgentes. El instrumento político de dominación militar fue la organización de Estados Americanos, hoy puesta en jaque por México, Venezuela y otros países latinoamericanos.
En este contexto, la migración masiva es producto del conflicto demográfico en la región y la incapacidad económica para generar empleo y bienestar. Y en los últimos diez años se ha agregado el grave problema de la violencia producto de la organización criminal del tráfico de drogas hacia los consumidores estadounidenses y el subproducto de las pandillas que han proliferado en Centroamérica y el Caribe.
La migración explotó por el activismo criminal de la delincuencia organizada y de las pandillas, sin que los gobiernos de la región pudieran contenerlas. Es cierta la percepción estadounidense de que grupos delictivos han alentado la organización de caravanas, pero en el fondo buena parte de las justificaciones de la población en fuga tienen que ver con la incapacidad de los gobiernos para contener la violencia criminal y para revertir la pobreza.
La respuesta estadounidense, de Obama, Trump y Biden, ha sido el cierre de fronteras; pero lo más grave radica en la incomprensión de las causas reales de la migración y, peor aún, la falta de una respuesta social de desarrollo.
Y así como la migración motivó la victoria de Trump y luego la de Biden, también hay que esperar que el colapso migratorio fortalezca a la ultraderecha en las elecciones presidenciales estadunidenses de 2024.
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