Se recurre a las viejas prácticas implementadas durante un régimen caciquil y autoritario
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A mediados del mes de junio de 1910, previo a las elecciones presidenciales, se ordenó la detención de Francisco I Madero, sin importar la causa, lo importante era sacarlo de la contienda a como diera lugar.
El asunto se encomendó al entonces gobernador de Nuevo León, José M. Mier, quien debía buscar el pretexto para tal fin, quien ni tardo ni perezoso en combinación con el Vicepresidente de la República Ramón Corral, encontraron la forma para lograr su cometido. En principio la orden de detención fue en contra de Roque Estrada, fiel compañero de Madero en la causa, sin embargo, previo a que lo agarraran, éste último lo escondió en el domicilio familiar en la ciudad de Monterrey.
Eso dio pauta para fincar una responsabilidad penal en contra del caudillo revolucionario: “el encubrimiento”. Una vez perpetrada la detención, se presentaban dos problemas adicionales; el primero, según lo narran diversos historiadores de la época, consistía en trasladarlo rápidamente de la Penitenciaría de Monterrey y procesarlo en otra ciudad, pues se tenía el temor fundado tanto por ser la sede principal de los negocios de su familia, como por la gran popularidad que en esa región disfrutaba, de previsibles actos de protesta.
En cuanto al segundo, la evidente fragilidad de la acusación, razón por la cual debía retomarse procurando dotarla de mayores elementos. Fue así, que se eligió a San Luis Potosí, donde se denunció el delito de “conato de rebelión”, tomando como base un discurso pronunciado unos días antes en esa ciudad y otro en el vecino municipio de Villa de Reyes.
Existen constancias sobre la resistencia del Juez de Distrito Tomás Ortiz, donde inicialmente se oponía ante la falta de elementos, ante las presiones para emitir la orden de aprehensión, aunque no tardó mucho tiempo en sucumbir finalmente, librando los exhortos necesarios para el traslado de Madero, de la sultana del norte a las tierras potosinas.
Inclusive cuenta la historia que, por esas mismas fechas, el Gobernador de Zacatecas, mandó un telegrama a las autoridades federales, haciéndoles saber que, en caso de no contar con la orden de detención contra Madero, él se encargaba en su entidad de tramitarla de forma expedita.
Del expediente judicial no hay rastro, se presume que algún “bienintencionado” parroquiano, utilizó el recurso de alzada y lo desapareció.
Ahora, esa misma receta aplicada por Porfirio Díaz en contra de Madero, vuelve a tener vigencia al pretender utilizarla en contra de Ricardo Anaya. Se recurre a las viejas prácticas implementadas durante un régimen caciquil y autoritario, calificado como dictatorial.
Es una realidad completamente extraña y curiosa, por decir lo menos, personas como Emilio Lozoya, Emilio Zebadúa, Ovidio Guzmán y muchos otros de ese corte, gozan de absoluta libertad, mientras que otros por ser oposición al gobierno, se les quiere en la cárcel.
