El saldo real y efectivo de las elecciones legislativas del pasado 6 de junio prefiguró un escenario de una nueva redistribución del poder: un ejecutivo federal fuerte y con apoyo popular, pero con la pérdida de los poderes judicial y legislativo, el acotamiento de Estados Unidos, la presión social por las cifras negativas de la pandemia, la inseguridad y el PIB y una sucesión presidencial competida al interior del grupo gobernante.
La expectativa presidencial era diferente, pero la peor parte de los resultados electorales ocurrió en la disminución de Morena en la Cámara de Diputados de 52% en 2018 a 39.6% para los próximos tres años. En el escenario de poder, la agenda efectiva del presidente de la República se dará en el legislativo y no en la disputa territorial de gubernaturas.
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Por razones de estrategia, el presidente López Obrador decidió operar en la primera parte de su sexenio con reformas de leyes que comenzaron a chocar con obstáculos constitucionales. El Estado neoliberal de la Madrid-Salinas comenzó primero con las reformas constitucionales del Estado y a partir de allí se expandió a las leyes secundarias sin impedimentos en la carta magna.
La nueva configuración del equilibrio legislativo fue producto de la pérdida de 54 diputaciones de Morena y la conquista de 56 diputaciones por el PAN y el PRI. La expectativa presidencial se basó en el objetivo de mantener y si acaso expandir la mayoría 2018 de Morena-PT-Partido Verde de 307 diputados (61.4%, muy cerca del 67% de mayoría calificada), pero el resultado fue adverso: 280 diputados en la triple alianza, apenas el 56% del total y a 53 diputados necesarios para lograr la mayoría necesaria en modificaciones constitucionales.
El presidente de la República sigue manteniendo su base de aprobación personal de alrededor del 60%, pero el mensaje del electorado fue adverso para su partido en el Congreso y generoso para la conquista de once gubernaturas (nueve en alianza). Sin embargo, en el plan estratégico de mantenimiento de la presidencia de la república por otro sexenio más era indispensable la mayoría calificada legislativa para modificaciones constitucionales.
Las elecciones del pasado 6 de junio perfilaron un nuevo escenario político y de poder con miras a la prioridad central del escenario presidencial: la designación del candidato presidencial lopezobradorista, la consolidación de las reformas del proyecto lopezobradorista de Estado y la continuidad presidencial de la 4ª-T.
El nuevo equilibrio de poder hasta ahora no alcanza para impedir la continuidad lopezobradorista en la presidencia. A ello hay que agregar, aunque hasta ahora no se fijen como prioridades sociales que demeriten la aprobación presidencial, los saldos negativos en violencia criminal, afectaciones de salud por la pandemia y flujos migratorios mexicanos creciente por el bajo crecimiento económico.
La alianza opositora en la Cámara de Diputados no será la misma que se obtuvo en 1997 y que le cerró el espacio al presidente Zedillo para mantener la presidencia de la República al PRI. Sin embargo, el frente PRI-PAN-PRD sí podrá bloquear algunas de las iniciativas parciales que forman parte de la prioridad presidencial y podría también complicar el diseño del presupuesto de ingreso-gasto del 2024.
La clave de reactivación del poder lopezobradorista radicará en la urgente reorganización del partido Morena para convertirlo en el espacio de presencia política real fuera del ámbito legislativo. Hasta ahora, Morena no es un partido político formal ni menos aún aspira a ser el partido-sistema que fue el PRI y que permitió la consolidación del poder presidencial durante más de 70 años. Como estructura de agencia de colocaciones, sin un proyecto político-ideológico real y sin la administración corporativa de sectores productivos, todo el peso del control político recaerá en la presidencia de la república y de muchas maneras podría disminuir la efectividad de liderazgo político del ejecutivo federal.
Con el resultado del pasado 6 de junio la política del poder revivió fuera del espacio de Palacio Nacional.
