De pronto en México se está dando una crisis por el abastecimiento de gas doméstico, esta crisis ha sido provocada por disposición del poder ejecutivo y el poder legislativo debido a un intento de controlar los precios del gas LP.
Esta medida que afecta de manera directa a los distribuidores de gas LP ha traído una reacción inmediata que es una huelga en nueve estados de la República que ahora han entrado en conflicto por el abastecimiento de gas a los hogares y a los comercios.
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Como alternativa el gobierno federal ha planteado la creación de una empresa que dependa del gobierno federal que tiene como nombre el sello de este sexenio la llamarían Gas Bienestar.
Para crear esta empresa lamentablemente no hubo una consulta ciudadana a pesar de que se dispondrán de recursos que la población aporta a través de sus impuestos.
De acuerdo a cálculos conservadores, echar andar la ocurrencia de crear otra empresa pública, dependiente de Pemex, denominada Gas Bienestar costará 11 mil millones de pesos, entre terrenos, instalaciones, cilindros, vehículos de transporte de los tanques, personal y gastos administrativos, lo que necesariamente implica contratar más deuda para Petróleos Mexicanos o para el gobierno federal que, para el caso, es lo mismo.
En momentos en que se prepara el Paquete Económico para el próximo año, los técnicos de SHCP, Gas Bienestar, costará 11 mil millones de pesos.se anuncia la creación de un elefante blanco que significará crear otro barril sin fondo, ya que en el mercado nacional existen 6 mil 500 permisionarios de gas LP, mismos que si están especulando con el precio, pues deben ser sancionarlos.
Al genio que se le ocurrió que con la creación de Gas Bienestar se va a lograr que el gas cueste más barato está en un error, toda vez que su precio se fija por parámetros internacionales y no a través de subsidios que lo único que logran es sangrar las arcas públicas.
Si ya tienen el ejemplo de lo que pasó en Venezuela con la creación de la gasera propiedad del Estado, Gas Comunal, en tiempos de Hugo Chávez y que a la postre no remedió la escases del energético ni abarató el producto; al contrario, condenó a que más venezolanos usen leña y carbón para cocinar sus alimentos.
En estos momentos, Gas Comunal acumula denuncias por la corrupción que prevalece entre sus directivos.
Estatizar no soluciona los problemas que origina la oferta y demanda, y más que para hacerlo se estará endeudando a las próximas generaciones, porque el gobierno de AMLO está quebrado debido a las pésimas decisiones que se han tomado en gastar en tres obras que no representan ningún beneficio para el grueso de la población, ya que ni Santa Lucía, Dos Bocas y el Tren Maya están detonando el empleo y a mediano plazo serán tres instalaciones de medio pelo que ni remediarán la conectividad aérea del país, ni abatirán los costos de las gasolinas, porque éstas en el mediano plazo no se usarán y el Tren Maya, después de devastar las selvas del sureste mexicano, no dará servicio a toda la península de Yucatán, Tabasco y Chiapas como está proyectado.
La política social del gobierno de la 4T es un monstruo devorador de mil cabezas que se come todo el presupuesto y con el incremento de los beneficiarios y el aumento de los rangos económicos que se hacen cada año, llegaremos a 2024 con un déficit que solo se nivelará con más impuestos y deuda.
Diputadas y diputados del PRI, que forman parte de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, pidieron que el gobierno federal dé sustento legal y económico a la decisión de crear la empresa estatal Gas Bienestar.
En ese sentido llamaron a la Secretaría de Energía (Sener) y a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) a presentar al Congreso de la Unión un informe sobre la repercusión y los beneficios de invertir en infraestructura para que el Estado venda gas LP al menudeo.
Informaron que, a través de un punto de acuerdo presentado a la Comisión Permanente, plantearon tres requerimientos en el análisis: la evolución del precio en el mercado a fin de determinar si existe un diferencial entre los precios de venta a las gaseras y al público; las acciones emprendidas para controlar y sancionar a las empresas gaseras que distorsionan el valor del producto, en detrimento del consumidor; y el estudio de mercado e impacto económico sobre el que se sustenta la creación de la nueva paraestatal.
El 81 por ciento del gas que se consume en el país es importado y su precio está determinado por el mercado internacional, pero en México, por el descuido institucional, el gas LP se ha encarecido drásticamente en más de 38 por ciento desde 2018 hasta abril de 2021.
El Instituto Mexicano para la Competitividad ha señalado que una empresa así acabaría destruyendo el mercado, por las condiciones asimétricas que se generarían, y al final de cuentas le costaría miles de millones de pesos al Estado mexicano.
