El país podría quedar estancado en las arenas movedizas de la democratización si agota el debate en torno al cambio administrativo en el INE y en el Tribunal Electoral Federal (TEF) y decide no entrarle al desafío que planteó la victoria de López Obrador y Morena en 2018 y 2021: una profunda reforma política de sistema/régimen/Estado/Constitución.
México ha tenido sólo dos reformas políticas: la de 1929 con la fundación del Partido Nacional Revolucionario como eje formal progresivo del sistema político en la versión de David Easton de una caja negra en cuyo seno se determinaba la distribución del poder y de sus valores y beneficios entre los sectores sometidos a la voluntad del Estado presidencialista y la de 1977 que reorganizó una nueva distribución del poder fuera del Estado priísta.
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Las reformas electorales de 1954 con los diputados de partido, la de 1973 de Echeverría y las centradas en el aparato electoral de 1990 a 2014 sólo centralizaron ajustes en el mecanismo procedimental de los registros de partidos, la representación de la oposición y la libertad de voto.
La reforma política de López Portillo pudo haberse convertido en un paso hacia la transición a la democracia, pero la oposición del PAN y del Partido Comunista Mexicano –la derecha y la izquierda socialista– carecieron de bases militantes y no tuvieron horizonte político. La posibilidad de la alternancia partidista –no transición de sistema/régimen– fue producto de una ruptura al interior del PRI. Las fuerzas intelectuales transicionistas se sometieron a las reglas del dominio priísta. Y la alternancia panista en 2000-2012 terminó en la reafirmación del régimen priísta neoliberal en el 2012.
El INE y sus consejeros activistas no son el espacio para una reforma política integral. La oportunidad histórica se basa en la etapa actual del desarrollo político democrático del país que descansa en dos pilares fundamentales: la garantía de ejercicio democrático electoral que rebasa con mucho al INE y al Tribunal Electoral y el modelo de calidad democrática que implica la reorganización del Estado.
El peor error que pudiera cometer el país estaría en caer en el pensamiento fundamentalista de los demócratas transicionistas de Nexos, el INE y el Instituto de Estudios para la Transición a la Democracia, dominados por un priísmo vergonzante. Como en la reforma de 1977, se requiere hoy de una convocatoria nacional para debatir el cambio de régimen y exigen audiencias de consulta nacional para definir el nuevo régimen de gobierno.
Con una enésima reforma al INE y al TEF para el necesario e inmediato relevo de consejeros electorales y magistrados se perdería una nueva oportunidad para reformar al régimen priísta que sigue ahogando la democracia con sus reglas, protocolos y tradiciones.
En materia de calidad de la democracia habría dos propuestas:
1.- La de Robert Dahl con la garantía de Estado –no de instituciones copadas por los partidos, como el INE y el TEF– de información y participación. El ejercicio de estos derechos rebasa con mucho a las dos instituciones electorales que, en los hechos, han limitado la información y la participación.
2.- Y la de Leonardo Morlino con sus puntos de calidad de la democracia: Estado de derecho, participación, competencia, rendición de cuentas vertical y horizontal, reciprocidad, libertad, igualdad y respuesta.
Los avances democráticos en México de 1954 al 2021 han llevado a lo que Norberto Bobbio –El futuro de la democracia, 1984– llamó “las falsas promesas” de la democracia: el fracaso de la sociedad pluralista, la prevalencia de los intereses, la persistencia de las oligarquías, el espacio limitado para la participación social, el poder invisible de grupos criminales diversos, la falta de educación política del ciudadano. ¿Las razones de esas fallas?: la tecnificación de la política, el aumento de apparátchik como burocracia de poder y el escaso rendimiento político.
La reforma electoral sin reforma política de sistema/régimen/Estado/Constitución sólo pospondría el colapso inevitable del régimen priísta todavía vigente.
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