Por un terreno, sicarios matan a cinco integrantes de una familia; entre ellos, dos niños

El crimen ocurrió en Ancón, un distrito al norte de la capital de Perú, rodeado de arenales, donde actúan mafias de traficantes de terrenos.
homicidio

Cinco personas, entre ellas una niña de 13 años y otra de tres, murieron este domingo acribilladas por sicarios presuntamente contratados por traficantes de terrenos en una zona pobre al norte de Lima, informó la policía peruana.

El crimen ocurrió en Ancón, un distrito al norte de la capital peruana rodeado de arenales, donde actúan mafias de traficantes de terrenos.

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Los sicarios atacaron al amanecer a sus víctimas, a quienes esperaron cuando salían de una vivienda y abordaban un automóvil.

Una menor de tres años, que había resultado herida de bala, murió luego en un hospital, según las autoridades. 

El presidente Pedro Castillo expresó su solidaridad a los familiares de las víctimas en un caso que desató la indignación de la población.

Agentes policiales detuvieron a cuatro sospechosos del múltiple asesinato, luego que una exaltada muchedumbre intentó hacer justicia por mano propia e incendió una vivienda donde habían sido vistos.

“Va a haber justicia, no vamos a permitir la impunidad”, dijo el jefe de la policía, general Humberto Cervantes, desde el lugar de los hechos tras informar de las capturas.

Tres armas de fuego se encontraron en poder de los detenidos, cuyas identidades y nacionalidad no fueron reveladas por la policía.

El padre de una de las víctimas aseguró a la prensa que mafias de traficantes de terrenos habían amenazado a su hija. Hace un mes la madre había sido también asesinada.

“Mi solidaridad y apoyo desde el Ministerio de la Mujer a los familiares de las víctimas del crimen en Ancón”, escribió en su cuenta de Twitter el presidente Castillo.

“Garantizaremos la seguridad en todo el país y combatiremos con firmeza la delincuencia”, añadió.

Castillo, quien tiene tres semanas en el poder, prometió durante la campaña electoral que expulsaría en un plazo de 72 horas a los extranjeros que cometiesen delitos, en una tácita alusión a los inmigrantes venezolanos a quienes un sector del país asocia con la inseguridad ciudadana.