Desde su formulación como estructura de defensa nacional y no Secretaría de Guerra, la Sedena está entrando, casi 80 años después, a la modernización de sus estructuras, luego de pasar por tensiones internas provocadas por movilizaciones sociales, agresiones del crimen organizado y nueva configuración de la soberanía territorial del Estado.
La decisión de crear una división entre tareas político-institucionales y actividades militares-operativas estaría llevando a una adecuación todavía pendiente de la doctrina de defensa nacional, para superar el viejo modelo de defensa de la soberanía antes invasiones casi imposibles de Estados extranjeros, salvo en situaciones de guerra que no se perciben en el corto plazo.
El gran tema radica, si pudiera resumirse de alguna manera, en la dialéctica militarización-militarismo, entendiendo la primera como la participación de las fuerzas armadas en actividades que no tengan que ver de manera directa con la guerra y la defensa de la soberanía y sí con la seguridad nacional, en tanto que la segunda, el militarismo, se puede asumir cómo una forma de militarizar las funciones civiles del gobierno y las prácticas políticas democráticas de un sistema de representación popular.
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Los militares fueron llamados apoyar a la seguridad pública en el 2006, pero en una situación que no se ha sabido explicar a fondo de crisis de la seguridad interior, entendiendo ésta como la función del Estado de intervenir en situaciones de inseguridad que impida el funcionamiento de la democracia representativa, del Estado de derecho y de las garantías individuales por las agresiones del crimen organizado o de grupos de acción directa que no aceptan las reglas de la democracia procedimental.
De las más de quince tareas asignadas a las fuerzas armadas, todas tienen que ver con la seguridad nacional y otras son actividades de apoyo a obras estratégicas sociales de gobierno que están contenidas en la Ley Orgánica del Ejército.
La estructura de gobierno del Estado no ha sido menoscabada ni por doctrinas militares unidireccionales ni por la presencia de uniformados en su titularidad. La presidencia de la República, las treinta y dos gubernaturas, las dos cámaras federales, la Suprema Corte de Justicia, la totalidad de los municipios y todos los congresos locales están dirigidos por personal civil que accedió a esas posiciones a través de las reglas de la democracia representativa y procedimental.
Dos hechos, además, hay que volver a recordar:
De un lado, militares en activo la Revolución Mexicana contra el dictador Porfirio Díaz, derrotaron al ejército porfirista, redactaron la Constitución social de 1917, crearon el sistema político vía el Partido Nacional Revolucionario y el Partido de la Revolución Mexicana.
Y de otro lado, el ejército cedió de manera voluntaria y pacífica el poder a los civiles y generales revolucionarios aplacaron en los cuarenta las últimas rebeliones militares que buscaban la conquista del poder presidencial. Si el presidente Cárdenas en 1938 creó el sector militar dentro del PRM, en diciembre de 1940 el presidente y general Manuel Ávila Camacho ordenó la salida de los militares del partido del Estado y les asignó la tarea de vigilar el funcionamiento de la república sin partidarismos y en 1946 impulsó el tránsito de gobiernos militares revolucionarios a gobiernos civiles.
Muchas de las críticas a la participación de militares en actividades de gobierno que tienen que ver con la estabilidad de la república y la seguridad nacional en crisis por el avance territorial del crimen organizado parecen ignorar la historia del ejército mexicano. Hay datos concretos que revelan que el ejército se negó apoyar intentos de reelección de Alemán, Echeverría y Salinas de Gortari y eludió las presiones para golpes de Estado en 1968, 1976 y 1994.
El debate artificial sobre militarización-militarismo elude la severa crisis de las doctrinas de seguridad nacional que están afectando a países más desarrollados como Estados Unidos, Rusia y China y soslayan el punto central de la discusión: la seguridad nacional, la soberanía y la integridad territorial están en manos de las fuerzas armadas.
La reorganización de la Secretaria de la Defensa Nacional con la creación del Comandante del Ejército para separar actividades operativas y la incorporación de la Guardia Nacional a la Sedena sin perder sus controles civiles representan necesidades insoslayable para la modernización del sector castrense. Hay otras militarizaciones que no han merecido críticas de los críticos al ejército mexicano: la decisión del presidente Joseph Biden de designar como secretario de Defensa a un general recién retirado y con labores operativas en Irak, a pesar de la tradición política que señalaba que los titulares de esa cartera debieran ser civiles. Se trata de un acto de militarización de la política de defensa nacional imperial de la Casa Blanca.
Zona Zero
· La visita intempestiva del consejero de seguridad nacional del presidente Biden a México para entrevistarse con el presidente López Obrador tiene que ser explicada y analizada en el escenario de una ofensiva imperial de dominación del paraguas de seguridad nacional de Estados Unidos. La intención del consejero Jack Sullivan fue la de presionar a México para regresar a la subordinación de la estrategia mexicana de seguridad a los intereses de la Casa Blanca. EU no ha realizado ninguna operación seria para desarticular a los cárteles mexicanos del narcotráfico que controlan el mercado de venta de droga al menudeo en tres mil ciudades estadounidenses, ni ha explicado cómo fue que los cárteles mexicanos evadieron los controles internos para cruzar la frontera instalarse en ciudades y controlar la venta de drogas. La estrategia de EU quiere compartir el narcotráfico estadounidense en, como dijera un refrán campirano, “los bueyes de mi compadre mexicano”. Por lo que se sabe, Sullivan se fue sin ningún avance.
El autor es director del Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
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