Decreto Ley 35: las nuevas regulaciones en Cuba para condenar a los que hablen mal del gobierno en redes sociales

Decreto Ley

El gobierno cubano aprobó nuevas regulaciones para internet.

El gobierno cubano trata otra vez de controlar internet.

Poco más de un mes después de las masivas protestas que sacudieron el país -y que se convocaron a través de redes sociales-, las autoridades de la isla publicaron el martes una serie de regulaciones que tipifican por primera vez lo que consideran delitos cibernéticos que pueden estar sujetos a una acción penal.

Pero van un paso más allá: consideran como «incidentes de ciberseguridad» desde ataques de virus y «fallos eléctricos» hasta la posibilidad de usar las redes para convocar a una marcha, criticar al gobierno o pedir o incitar a un cambio de sistema.

Los medios oficiales la han llamado «la normativa de más alto rango aprobada en Cuba sobre las tecnologías de la información y las comunicaciones » y aseguran que buscan ofrecer lo que definen como «una internet ética y buena para la población«.

En las redes sociales los cubanos, por su parte, lo han llamado una nueva «ley mordaza», que creen que busca limitar la expresión y coartar su discurso.

Expertos en regulación de internet y organizaciones de derechos humanos han levantado también sus voces ante lo que consideran medidas tendientes a eliminar el debate público.

«Es grave por lo que dice y por el momento en el que se publica, a un mes de las protestas, cuando la comunidad internacional esperaba un paso más hacia escuchar a su población y no hacia reprimir más el discurso», asegura a BBC Mundo Pedro Vaca, relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

«De un lado no se reconocen derechos humanos en los ciudadanos, no se les reconoce la libertad de expresión. Y del otro, lo que los ciudadanos pueden o no publicar en internet se ve desde un enfoque criminal y de guerra», agrega.

Las nuevas regulaciones fueron publicadas en un momento en el que los cubanos han utilizado las redes sociales no solo para denunciar los numerosos detenidos que aún quedan de la protesta del 11 de julio, sino también las dantescas condiciones que sufren con el colapso del sistema de salud.

La isla vive el peor momento de la pandemia de coronavirus, con miles de casos y decenas de muertos cada día, hospitales que no dan abasto, fosas comunes, carencia de medicamentos, oxígeno, insumos y personal, lo que ha sido reflejado sistemáticamente a través de internet en un discurso ciudadano paralelo al relato de los medios oficiales.

Las nuevas regulaciones

Numerosos países del mundo han aprobado -o se han propuesto hacerlo- regulaciones para controlar la difusión de ciertos mensajes en internet, principalmente discurso de odio, difamación, incitaciones a la violencia o al «terrorismo».

Según las autoridades cubanas, esos son también algunos de los objetivos de las normas que acaban de anunciar.

«Nuestro Decreto Ley 35 (uno de los aprobados) va contra la desinformación y la cibermentira», escribió en Twitter el presidente Miguel Díaz-Canel.

El viceministro de Comunicaciones Ernesto Rodríguez Hernández dijo, por su parte, que las nuevas normas «promueven el impulso de la informatización de la sociedad, al tiempo que defiende los derechos de los ciudadanos refrendados en la Constitución: la igualdad, privacidad y el secreto de las comunicaciones».

Los expertos consultados por BBC Mundo, sin embargo, señalan que, a diferencia de lo que han hecho otros países, las nuevas regulaciones en Cuba parecen tener una matriz ideológica (el texto de uno de los decretos aclara que busca «defender los logros alcanzados por el Estado Socialista») y que están orientadas a contener cualquier crítica al sistema.

Y es que las regulaciones establecen 17 delitos o «incidentes de ciberseguridad», con «niveles de peligrosidad» que van de «medio» a «muy alto» y en muchas ocasiones es el contenido político el que determina la peligrosidad.

Para que se tenga una idea, a diferencia de la mayoría de las regulaciones internacionales de internet, la cubana no menciona ni parece buscar combatir la pornografía infantil, un delito que ha estado detrás de leyes para el control de contenidos en todo el mundo.

La regulación cubana solo menciona la pornografía como «difusión y distribución» de «material pornográfico», y la considera de un «nivel de peligrosidad» «medio».

Sin embargo, considera de una peligrosidad «muy alta» la «subversión social», a la que define como «pretender alterar el orden público y promover la indisciplina social», el ciberterrorismo, entendido como acciones para «subvertir el orden constitucional» o «la ciberguerra», a la que llama «métodos de guerra no convencional», lo que sea que eso signifique.


La conectividad a internet en Cuba ha aumentado en los últimos años.

También considera altamente peligroso la «divulgación de noticias falsas», los «mensajes ofensivos» y la «difamación con impacto en el prestigio del país», sin especificar tampoco en qué consiste cada una de ellas, aunque encabezan la lista de delitos.

En ese sentido, otro viceministro de Comunicaciones, Wilfredo González, dijo a la agencia AFP que la norma buscaba que «nadie sea capaz de distorsionar la verdad, para que nadie pueda denigrar a un oficial de nuestro país o de nuestro proceso revolucionario«.

Por ello, muchos cubanos han sobreentendido que uno de los objetivos de las autoridades es penalizar a los que se burlen en redes de sus dirigentes, en especial del presidente, de quien se ha hecho muy popular una mote con una palabra considerada vulgar en el lenguaje coloquial cubano.

Las redes de la isla se han llenado desde el martes con memes, chistes y juegos de palabras en el que dicen las mismas burlas y críticas, pero con el doble sentido tan peculiar del humor de la isla.

Uno de los memes publicados en redes sociales.

Un viejo método vuelto ley

Por años, Cuba fue uno de los países de América Latina con peor conectividad a internet, solo superado por Haití.

Sin embargo, a partir de 2018, el gobierno, entonces bajo el mando de Raúl Castro, comenzó a extender progresivamente los servicios y, según los últimos datos oficiales, más de 5 millones de cubanos (en un país con una población de 11 millones) se conectan actualmente a la red, principalmente a través de datos móviles.

Pero según explica a BBC Mundo Joan Barata, experto en libertad de expresión y regulación de los medios del Centro para la información y la Sociedad de la Universidad de Stanford, ha existido una contradicción entre la ampliación de la conectividad y la libertad en el acceso a los contenidos en Cuba.