Mientras el país ha sido llevado a una zona de sobre tensión política y de poder en torno a la revocación/ratificación de mandato presidencial, los verdaderos problemas nacionales que representarán el legado sexenal han sido soslayados: la pobreza del 80% de los mexicanos, la expansión del crimen organizado a actividades políticas y a la consolidación de la soberanía delictiva en zonas territoriales del Estado y el saldo en infectados y, sobre todo, muertos por la pandemia.
La revocación de mandato que es un mecanismo del partido en el poder para ratificar su periodo sexenal, desgasta más energía nacional que la necesidad de evaluar los compromisos de Morena en su primer sexenio en el gobierno y de muchas maneras este saldo negativo va a afectar la elección presidencial del 2024 en la que, por enésima ocasión ratificada, no estará el presidente López Obrador en la boleta.
Una cosa es que por razones políticas se diluyan las conclusiones de la encuesta ingreso-gasto en los hogares en 2020 del INEGI y el reporte del CONEVAL y otra cosa muy diferente que en el fondo exista la convicción gubernamental de que la pobreza no tendrá paliativos en los meses que restan del sexenio y no logrará una convocatoria nacional para reconstruir el modelo de desarrollo y generar bienestar desde la producción y no desde los subsidios.
El tema de la revocación de mandato es un asunto de la oposición y no del partido en el poder. En cambio, la necesidad de revaluar las políticas actuales de presupuesto, desarrollo y producción industrial podrían aportar los elementos para señalar que el escenario de 80% de mexicanos pobres y solo de 20% de personas sin ninguna restricción social requiere, ahí sí, el cambio de sistema político/régimen de Gobierno/Estado social/Constitución y de la capacidad que tenga de liderazgo el gobierno de la república para convocar a los sectores productivos a un cambio de modelo económico y de desarrollo para poder resolver la pobreza en términos de magros puntos porcentuales.
El asunto de la narcopolítica se intensificó en las pasadas elecciones del 6 de junio con la complicidad consciente del actual Instituto Nacional Electoral, que permitió el involucramiento del crimen organizado en el proceso de votaciones que le correspondía controlar a las autoridades electorales y que ha llevado a situaciones de incorporación de las bandas delictivas en un modelo de gobernanza criminal en zonas que le corresponden a la soberanía territorial del Estado nacional.
Los datos del involucramiento de bandas delictivas en las elecciones deben acreditarse a la irresponsabilidad del actual INE y a las alertas tempranas para evitar la participación del crimen organizado de manera directa en la elección de alcaldes, congresos estatales, Cámara de Diputados federal y gobernadores. El INE desdeñó los avisos anticipados sobre la forma en que bandas criminales apuntalaron a algunos candidatos y frenaron a otros, sin que las autoridades electorales o de seguridad quisieran evitarlo. La desavenencia INE-gobierno federal aparece como la corresponsable de un avance más del crimen organizado en la captura delictiva del Estado y del territorio nacional.
La tercera ola de infecciones por el COVID-19 repuntó las cifras de muertos a tasas promedio de 600 por día, sin que autoridades y sociedad tengan conciencia de saber que todos los días han muerto 600 personas sin que nadie asuma decisiones de Estado para frenar las infecciones. El caso concreto estuvo en Ciudad de México, donde la autoridad federal dictaminó el semáforo rojo, pero el gobierno capitalino decidió por sí mismo que era un semáforo naranja, con las consecuentes infecciones adicionales que han llevado a una nueva situación de emergencia sanitaria y que pudiera convertirse en una larga y aún más dañina tercera ola del coronavirus.
Ante estos tres graves problemas en proceso de agudizamiento llega el debate irrelevante de la revocación de mandato. Y si bien se trata de una actividad de democracia participativa, la sociedad debiera participar con mayor intensidad en sus tres problemas latentes que la 4ª-T no está resolviendo: pobreza, narcopolítica y pandemia.
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