La demanda de México en una corte de Boston contra las empresas productoras de armas de fuego en Estados Unidos representa también un enorme desafío para la estrategia mexicana de seguridad interior. En efecto, las empresas que fabrican las armas cometen muchas irregularidades comerciales para ponerse al servicio de las bandas delictivas.
En el contexto de la demanda mexicana ocurrió el lunes 9 de agosto la distribución de un video de voceros de una célula michoacana del Cártel Jalisco Nueva Generación con amenazas de muerte contra periodistas y agresiones contra medios de comunicación nacionales. El video exhibe a un pequeño grupo de militantes del cártel portando armas de alto poder que son ilegales en México.
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El proceso legal de la demanda en la corte de Boston será largo, costoso y con victorias y derrotas parciales y al final el objetivo mexicano exige el pago de indemnizaciones al gobierno mexicano por la afectación de ciudadanos mexicanos en las agresiones en lugares públicos estadounidenses.
Sin embargo, del video del Cártel Jalisco escaló niveles superiores de desafío a la seguridad del Estado y constituyó un punto de inflexión que pudiera reunir las condiciones y circunstancias para advertir que este grupo delictivo comenzaría una guerra contra organizaciones sociales y ciudadanos ajenos a la delincuencia y que implicaría también instalar una zona de guerra alrededor de periodistas y de medios de comunicación.
En este sentido, falta también que las autoridades mexicanas tomen las decisiones correspondientes para frenar el ingreso clandestino de armas estadounidenses y para atacar con decisión a las bandas criminales que de manera ofensiva y retadora ostentan su armamento.
La demanda de México se basa en el argumento de que las empresas productoras se dedican a fabricar armas con dispositivos adicionales de agresividad y lo hacen con campañas de promoción publicitaria. Es decir, se trata de armas para la utilización en actividades criminales. En la argumentación mexicana hay evidencias de que algunos rifles de alto poder pueden convertirse en mecanismos automáticos de mayor efectividad mortal.
A ello se agrega el hecho de que la comercialización de las armas tiene muchos hoyos en Estados Unidos que son producto de las irregularidades en el funcionamiento de la segunda enmienda constitucional que permite la compra y posesión libre de armas de fuego por parte de ciudadanos y la creación, por cierto, de milicias no militares.
Si el problema original radica en la fabricación y comercialización libre hoy legal de armas, el asunto se complica más por la existencia de un tráfico creciente y descontrolado de contrabando de armas a otros países, sobre todo a grupos de combatientes políticos que buscan en sus naciones que el cambio de gobierno por la violencia. Sin embargo, en los últimos cuarenta años ha crecido la venta ilegal de armas a bandas criminales, ya sea en operaciones dentro de territorio estadounidense o introducidas a otras naciones por contrabando que aprovecha la corrupción de autoridades fronterizas.
En sus vídeos propagandísticos, los principales grupos del crimen organizado en México ostentan armas de alto poder obtenidas en el mercado clandestino de compra-venta, sin que se hayan realizado las reformas legales correspondientes en las leyes mexicanas para impedir y castigar estas prácticas que pudieran estar construyendo grupos armados de poder que le quieran disputar en algún momento al estado el monopolio de la fuerza.
En ese sentido, la demanda mexicana en Boston debe conducir dentro de México a reformas en las leyes correspondientes para castigar la posesión de armas que serían de uso exclusivo de las fuerzas armadas. Asimismo, urge que las autoridades mexicanas realicen investigaciones para identificar y desmantelar a las bandas que se dedican a traficar con armas de fuego y que tienen casi como únicos compradores a los grupos criminales.
La posesión de armas de alto poder en manos de particulares deberá ser un delito perseguido de oficio y castigado con severidad. Sin embargo, los delincuentes que son atrapados con armas de alto calibre pueden salir en libertad por la falta de caracterización de nuevos delitos graves. Mientras el acceso a las armas exista como producto de la corrupción fronteriza bilateral y en tanto las bandas criminales puedan acceder a todo tipo de calibres destructivos, la inseguridad y la violencia dentro del territorio mexicano seguirá creciendo hasta el grado de que pronto podamos ver crecer guerras a balazos en las calles.
La estrategia de seguridad actual ha relajado la persecución de delincuentes y por tanto ha facilitado la circulación de personal ilegal armado como parte de las bandas delictivas. El asunto ha llegado al nivel grotesco de que las bandas criminales más importantes han construido aparatos de defensa muy domésticos para combatir la capacidad de fuego de las fuerzas armadas, entre ellas vehículos blindados de manera rudimentaria y pequeños submarinos para traficar no sólo droga sino también armas.
Está muy bien que el Gobierno mexicano obligue al sistema judicial estadounidense a atender el tema de las matanzas de nacionales de otros países dentro de Estados Unidos, aunque la demanda mexicana, en caso de ser exitosa, no se convertiría en una modificación de la estructura criminal y de seguridad estadounidense ni en el combate a las bandas armadas criminales en México.
Zona Zero
La amenaza contra periodistas y medios por parte del Cártel de Jalisco también revela la ineficacia y casi inutilidad del mecanismo de protección de periodistas y defensores de derechos humanos que han sido agredidos, amenazados y asesinados por el crimen organizado. No hay recursos, todo se agota en escoltas armados y la autoridad federal no quiere tomar la gran decisión estratégica: combatir de frente y de manera directa a la estructura armada del crimen organizado.
El autor es director del Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
El contenido de esta columna es responsabilidad exclusiva del columnista y no del periódico.
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