La estrategia de seguridad de “construcción de la paz” se basa en un punto clave: que los grupos criminales asentados en comunidades territoriales de la república asuman su responsabilidad, abandonen la disputa a balazos de plazas municipales y contribuyan a mantener la estabilidad social.
El modelo se entiende en la teoría; sin embargo, la realidad es otra. La configuración educativa de los liderazgos criminales no sólo es menor a la educación media baja nacional, sino que está determinada por el uso de la violencia como instrumento de dominación social, territorial y de grupos ciudadanos.
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El líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes El Mencho, surgió de las fuerzas de seguridad del gobierno y ha demostrado una ferocidad sin límite social y humano. Y el Chapo Guzmán y sus hijos tampoco pasaron por una educación media o media superior y su funcionamiento instintivo se sustenta en el ejercicio de la violencia.
Los grandes capos están inmersos en las estructuras de gobierno más por el deseo de controlar territorios y personas para favorecer las actividades criminales de sus organizaciones y no con el sentido de contribuir al mejoramiento de la estabilidad social y el nivel de bienestar de sus habitantes. Inclusive, la tendencia del Cártel del Golfo de distribuir despensas o de organizar festivales populares en fiestas de la comunidad son más actos de propaganda y relaciones públicas que de preocupación por el nivel de vida de las personas.
Cuando era jefe todopoderoso de la familia michoacana, Servando Gómez La Tuta llegó a ejercer funciones prácticas de gobernador, de delegado municipal y hasta de alcalde, tratando de involucrarse en la construcción, compra o expropiación violenta de empresas y con ello abrir el camino a la institucionalización productiva de su grupo delictivo. Sin embargo, nunca pudo entender el papel que juegan las autoridades como promotoras del bienestar y de la actividad económica y se quedó solamente en papel de recaudador de impuestos para aumentar su riqueza y no para beneficiar el desarrollo de la comunidad.
La llamada gobernanza criminal es el reconocimiento por parte del Estado y del gobierno al papel estabilizador y de promotor del bienestar que debieran jugar los jefes de los cárteles y las bandas criminales, a partir del criterio de que el ambiente de violencia armada sólo disminuye las posibilidades de los negocios directos e indirectos de la droga. Cuando un delincuente crea una empresa, no ingresa a las reglas competitivas con otras, sino que impone su dominio por la fuerza y la violencia.
En términos estrictos, es imposible que el jefe o capo de una banda criminal quiera dedicar tiempo a la compleja administración de los asuntos de las comunidades dónde está instalado y menos aún que sepa siquiera cómo construir una estructura de seguridad y justicia basado en las reglas de los derechos humanos. Los capos del crimen organizado utilizan solamente el lenguaje de la violencia represiva del adversario.
Por estas razones, en estos dos y medio años de gobierno no se han notado avances en la parte de la propuesta de construcción de la paz que tiene que ver con la corresponsabilidad de las bandas del crimen organizado con la administración cotidiana de las comunidades municipales. Al contrario, la pasividad operativa de las estructuras gubernamentales de seguridad ha sido aprovechadas por las bandas criminales para intensificar su violencia armada con el propósito de imponer su dominio y control territorial, institucional, económico y fiscal sobre los espacios territoriales dominados.
En este sentido, la línea de gobernanza criminal que se supone forma parte de la estrategia de construcción de la paz de manera difícil podrá llegar a reconstruir la estabilidad social, económica y pacífica en las comunidades asentadas que dominan los capos del crimen organizado. Y como no se trata sólo de los jefes, la tropa delictiva conoce menos de responsabilidad de su fuerza para mantener la paz en una comunidad rural o urbana.
El problema radica en que el objetivo prioritario de las bandas criminales no es sustituir a las autoridades institucionales, sino tomar el control de una zona territorial para marcar su territorio e impedir la presencia de otros grupos delictivos. Y ocurre que, al interior de las mismas bandas, formadas por liderazgos cómplices o por alianzas familiares, también existe disputa interna por el control del grupo, como se aprecia en los desprendimientos que ha habido en cárteles como el Jalisco o el de Sinaloa.
A dos y medio años de iniciada la estrategia se requiere una evaluación crítica de sus propuestas y resultados y de la valoración de las metas no alcanzadas. Al final de cuentas, la función del Estado y los gobiernos en zonas territoriales de la República tiene como objetivo la paz, el bienestar y las actividades legales que permitan la multiplicación de la riqueza.
Zona Zero
Los dos primeros años de funcionamiento de la Guardia Nacional ofrecen resultados concretos en configuración del cuerpo de seguridad, instalación territorial en toda la República y capacitación de su personal. Pero en los medios de información se analiza la tarea de la Guardia Nacional en función de sus resultados operativos y de las cifras de inseguridad que sigue acaparando la nota roja de los medios.
La crisis en Aguililla sigue escalando niveles de percepción crítica entre analistas y en la sociedad, porque la baja operatividad de las fuerzas de seguridad no ha generado algún compromiso de paz y no-violencia por parte de los cárteles en lucha por el control de la zona. En fuentes de seguridad se tiene claro qué el frenón operativo de la Guardia Nacional tiene un punto de inflexión que pudiera estar alcanzándose por la barbarie e impunidad de los carteles en lucha y por la afectación de la vida civil en el municipio.
El autor es director del Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
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