Mario Montoya, general en retiro, será imputado por las ejecuciones de 104 civiles presentados como rebeldes abatidos en combate.
El general en retiro Mario Montoya será imputado por las ejecuciones de 104 civiles presentados como rebeldes abatidos en combate durante su tiempo al mando del ejército de Colombia (2006-2008), anunció este sábado la fiscalía.
“Lo vamos a imputar como el determinador por homicidio agravado de 104 de los llamados falsos positivos“, dijo a la revista Semana el fiscal general, Francisco Barbosa, aludiendo al escándalo en el que militares ejecutaron a miles de civiles entre 2002 y 2008 para hacerlos pasar por bajas en medio de una feroz lucha antiguerrillera.
¡SIGUE NUESTRO MINUTO A MINUTO! Y ENTÉRATE DE LAS NOTICIAS MÁS RELEVANTES DEL DÍA
Según el ente investigador estos asesinatos ocurrieron entre 2007 y 2008 y cinco de la víctimas eran menores de edad. “Todos los autores materiales fueron miembros activos del Ejército”, agregó Barbosa.
Montoya se sometió en 2018 a la Justicia Especial de Paz (JEP), que investiga los peores crímenes del conflicto y que ofrece penas alternativas a la cárcel a quienes confiesen sus crímenes y reparen a las víctimas. Su expediente no ha sido resuelto.
Según la JEP, más de 6.400 civiles fueron asesinados durante el gobierno de Álvaro Uribe por militares incentivados por un “body count” o conteo premiado de cuerpos.
La imputación de la fiscalía busca “ayudar” al tribunal surgido de los acuerdos con la guerrilla FARC en 2016 a esclarecer estos crímenes, explicó Barbosa.
Varios subordinados de Montoya han admitido ante la JEP que asesinaron a civiles para presentarlos como bajas en combate a cambio de días de vacaciones y otros beneficios.
El entonces mayor del ejército Gustavo Soto relató a la AFP en 2020 que Montoya medía los resultados operacionales “en muertos“.
Según Barbosa, el oficial retirado “fue a las brigadas, a los batallones, a las divisiones con la política de premios por esas ejecuciones”.
Pero el general niega haber instigado estos crímenes y su defensa sostiene que “en ningún momento existió una directiva o directriz al ejército para hechos tan atroces”.