La película Nuevo Orden, de Michel Franco, 2020, no logró hacer comprender su mensaje: lo que ocurre cuando bandas criminales se organizan para atacar a los barrios de clase alta en una especie de guerra civil. Pero no ha tardado la realidad en alcanzar y rebasar a la ficción.
¡SIGUE NUESTRO MINUTO A MINUTO! Y ENTÉRATE DE LAS NOTICIAS MÁS RELEVANTES DEL DÍA
En las últimas semanas bandas criminales han comenzado a atacar barrios de clases medias altas y ricas en la capital venezolana de Caracas, provocando la intervención directa, armada y a balazos del Ejército. No se trata de disidentes antibolivarianos sino de delincuentes como organización, armamento y decisión para confrontar la respuesta de seguridad del Estado.
La falta de respuesta organizada e integral del Estado ante las diferentes organizaciones que usan las armas en contra de la estabilidad de los gobiernos y los Estados provoca vacíos de autoridad que son aprovechados por diferentes organizaciones delictivas. Los datos sobre los primeros enfrentamientos entre delincuentes y militares en Venezuela deben provocar la atención internacional para evitar situaciones como las de Brasil, en muchas de cuyas favelas existe un Estado delincuencial dentro del Estado institucional.
Sin referentes directos sino sólo parecidos, crisis como la de Aguililla, Michoacán, y ahora agudizamiento de violencia criminal en Guanajuato, San Luis Potosí, Zacatecas y Chiapas, podrían estar dibujando ya no una crisis sino un colapso de la autoridad del Estado y de su capacidad para mantener la soberanía institucional y la integridad territorial ante la captura de plazas municipales y estatales por cárteles del crimen organizado.
Las diferentes respuestas de los Estados oscilan entre los combates armados y acciones políticas y sociales para convencer a las sociedades de no facilitar la actividad de los delincuentes. Esta circunstancia de disputa territorial del Estado ante grupos nacionales que no representan a otros Estados revela lo que aquí se ha estado insistiendo en los últimos meses respecto a una crisis severa de la seguridad interior, es decir el mantenimiento de la integridad territorial del Estado y de la vigencia de la autoridad federal sobre los grupos delictivos.
La crisis de la seguridad interior fue la que provocó en el 2006 la decisión del presidente Calderón de movilizar, dentro de sus facultades constitucionales, a fuerzas militares en apoyo a las fuerzas de seguridad pública en un escenario de pérdida de soberanía territorial y de autoridad política del Estado en algunas plazas municipales.
La sociedad no ha debatido a fondo el tema de la seguridad interior, al grado de que en el 2017 se aprobó una ley para reglamentarla y fue abrogada por decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El problema radicó en ese momento en la ausencia de un debate de fondo sobre la seguridad interior, un concepto de Estado que viene desde la Constitución de Cádiz de 1812 y que fue incluida en las tres constituciones mexicanas, la de 1824, la de 1857 y la de 1917. y que en todos los debates y reformas constitucionales el concepto de seguridad interior no se ha modificado, pero tampoco sea reglamentado.
La crisis de seguridad en Venezuela debe ser un espejo de la realidad mexicana: bandas del crimen organizado invaden la capital de la república bolivariana y se dedican a delinquir a la luz del día, provocando la respuesta armada directa del ejército. En México bandas del crimen organizado han capturado estructuras municipales, estatales y federales, provocaron una guerra criminal durante doce años y ahora no existen condiciones claras para un programa de construcción de la paz que tiene que pasar de manera obligada por la desarticulación de las bandas criminales.
La crisis en Venezuela ha sido espectacular porque se combate a balazo limpio en las calles de algunos barrios de la capital de Caracas, para aportar mayores elementos de inestabilidad social y política en un país dónde la disputa por el poder presidencial ha generado vacíos institucionales, polarizaciones violentas y pérdida de la capacidad de gestión de la soberanía por parte del Estado.
En México ha avanzado el crimen organizado en la captura territorial de porciones de la soberanía del Estado, con datos alarmantes recientes de expansión delictiva en la zona estratégica de Chiapas como la frontera sur con Centroamérica, la caída de Zacatecas a manos de bandas delictivas, el aumento de la violencia criminal en Guanajuato y San Luis Potosí y los indicios de que tres cárteles tienen presencia predominante en el 90 por ciento del territorio mexicano.
La crisis de seguridad ha creado las condiciones y circunstancias para una revisión a fondo de la estrategia de seguridad del Gobierno del presidente López Obrador, en el doble escenario de replanteamiento general o de relanzamiento de la propuesta de construcción de la paz. El tema se ha sobrecalentado con la presión estadounidense, a través de su estrategia de combate contra organizaciones criminales transnacionales, con la que se ha otorgado a sí misma la Casa Blanca derechos supranacionales para operar en otros países combatiendo cárteles extranjeros que tienen el control del comercio al menudeo de la droga en el territorio estadounidense.
Zona Zero
La crisis de seguridad en Chiapas debe ser atendida de urgencia por lo que representa ese estado en el equilibrio geopolítico. No hay que olvidar la presencia constante de embajadores estadounidenses en el estado chiapaneco por el factor estratégico de constituir la segunda frontera sur de Estados Unidos, después de la que representa el Río Bravo. Y es el momento adecuado de replantear la crisis en Chiapas porque la Casa Blanca viene con impunidad e intervencionismo a tomar el control de Centroamérica para evitar el flujo de migrantes sin autorizaciones migratorias.
El autor es director del Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
El contenido de esta columna es responsabilidad exclusiva del columnista y no del periódico.
seguridadydefensa@gmail.com
www.seguridadydefensa.mx
@carlosramirezh
