Casi 60 cubanos han sido enjuiciados por participar en las inéditas manifestaciones antigubernamentales del 11 de julio, indicó este sábado un alto funcionario judicial.
Sin informar el total de detenidos durante el estallido social, el funcionario rechazó que hubiera juicios “sumarísimos”, como denunciaron algunos familiares de los aprehendidos.
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Hasta ayer (viernes) habían llegado a los tribunales municipales del país (primera instancia) 19 procesos judiciales, causas que involucraban a 59 personas, acusadas de cometer presuntos delitos” durante “estos disturbios”, informó el presidente del Tribunal Supremo Popular, Rubén Remigio Ferro.
Al grito de “tenemos hambre”, “abajo la dictadura” y “libertad”, miles de cubanos protestaron el 11 y 12 de julio en más de 40 ciudades del país, dejando un muerto y decenas de heridos.
Ferro precisó en conferencia de prensa junto con la Fiscal General de la República, Yamila Peña, que de los 59 procesados por “delitos menores” como desacato, desorden público o lesiones no graves, uno ya quedó absuelto, mientras que el resto todavía “no tiene una sentencia firme”, por lo que pueden presentar recursos de apelación.
En realidad no han llegado muchos casos a los tribunales”, añadió.
Ferro negó “una matriz que habla” de “una avalancha de casos judiciales” en el país.
Preguntado sobre el número de detenidos durante las revueltas, Ferro respondió que a él también lo asalta la “curiosidad”.
Yo también tengo curiosidad, no lo sé. Se habla de una cifra por un lado, de otras por otros (…), se está investigando, pero yo no conozco ese dato, no es un dato que esté disponible”, dijo.
Procesos ‘abreviados’
De acuerdo con una lista, publicada en Twitter por agrupaciones cubanas como el 27N y medios independientes como Periodismo de Barrio, más de 600 personas fueron detenidas.
Remigio Ferro admitió que los cubanos están siendo juzgados en procesos “más expeditos, más ágiles, pero no exentos (…) del debido proceso, incluyendo por supuesto el derecho a la defensa”.
No son procesos sumarísimos, sino abreviados”, matizó.
La familia de Ányelo Troya, de 25 años, uno de los realizadores del video del polémico rap “Patria y Vida”, denunció que fue condenado el miércoles a un año de prisión por el delito de “desorden público”, en un procedimiento de “atestado directo” (juicio expedito), junto con otros 12 participantes en las manifestaciones.
