Autoridades detuvieron hoy a la ex primera dama y reciente candidata presidencial de Guatemala Sandra Torres, acusada de presunto financiamiento electoral ilícito para la campaña electoral de 2015, dijo la fiscalía del país centroamericano.
A mediados de agosto, Torres perdió el balotaje presidencial frente a Alejandro Giammattei y, con ello, también la inmunidad que le daba ser candidata, por lo
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Tras su tercera derrota electoral consecutiva, Torres, de 63 años, le deseó éxito a Giammattei y aseguró que estaba “tranquila” en su casa, tras rumores de que abandonaría el país para evadir la justicia.
Torres tenía orden de aprehensión girada el pasado viernes por el Juzgado de Mayor Riesgo A por los delitos de financiamiento electoral no registrado y asociación ilícita”, escribió el Ministerio Público en su cuenta de Twitter.
Dos patrullas llegaron a la vivienda de Torres y se la llevaron a tribunales mientras la exprimera dama decía: “me voy a desmayar”.
Al llegar a los juzgados, la excandidata presidencial clamó:
Es una persecución política”.
Sobre Torres pesa una acusación de la fiscalía y la CICIG -un organismo de la ONU para combatir la corrupción- por financiamiento ilícito en su campaña presidencial de 2015, donde perdió en la segunda vuelta ante el actual mandatario Jimmy Morales.
La CICIG, respaldada por la mayoría de guatemaltecos luego de haber puesto tras las rejas a dos expresidentes y varios políticos e importantes empresarios, abandonará el país el martes luego de que Morales no le renovó su mandato tras involucrar a su familia -y a él mismo- en casos de corrupción.
Rechazamos la medida desproporcionada e innecesaria tomada en contra de Sandra Torres. Siguen judicializando la política”, dijo el diputado Orlando Blanco, de Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), el partido fundado por Torres y su exesposo, el expresidente Álvaro Colom, quien gobernó entre 2008 y 2012.
Según la investigación, UNE recibió unos 3.5 millones de dólares no registrados para la campaña de 2015 procedente de “una actividad ilícita”.
Por ello, el Ministerio Público ha pedido la cancelación de UNE, que tiene la mayor fuerza en el Congreso, donde ningún partido tiene mayoría por sí solo.
