Como algo que está totalmente podrido que por donde quiera que le apriete o le toque sale pus, así es la administración de Ricardo Gallardo Juárez en el ayuntamiento de la capital potosina, pero casualmente o malévolamente toda esa pus sale de las tranzas que hizo para su beneficio personal.
Hoy se confirmó públicamente que el actual Gobierno Municipal presentó un nueva denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra los integrantes del Cabildo de la anterior administración que se pronunciaron a favor del cambio del uso de suelo de la reserva natural protegida de “Camino a la Presa”, por lo cual, se constituyó desacato a orden judicial. ¡Otra pluma más al pollo! Ya que este desacato se hizo para favorecer los intereses personales y económicos de Ricardo Gallardo Juárez.
Por cierto Ricardo Gallardo Juárez pretende ser diputado federal en el 2021 propuesto por el PRD en alianza con el PVEM, ya que ambos partidos y San Luis Potosí son propiedad de la familia Gallardo.
Por lo pronto el abogado representante del Gobierno Capitalino, Jorge Chessal Palau detalló que el Cabildo anterior tomó la determinación de cambiar el uso de suelo a un extenso inmueble dentro de la demarcación de un área natural protegida desde la segunda mitad del siglo XIX a favor del ayuntamiento capitalino, en aquel momento le llamaron el paseo de la presa. Y debido a ello, se otorgó una suspensión provisional en la actual administración, el Poder Judicial de la Federación ordenó que se restituyera el daño, y desde luego que se aplique el castigo penal y político que merecen los infractores como lo es la suspensión temporal de sus derechos políticos.
El abogado del actual ayuntamiento señaló que “El Cabildo, en su anterior integración, no atendió el mandato de la autoridad federal y autorizó este cambio de uso de suelo, lo que motivó que el Juzgado de Distrito emitiera una resolución que quedó firme y establecía la violación a la suspensión por parte de la autoridad municipal”. Ricardo Gallardo Juárez convirtió el municipio de San Luis Potosí en una tierra sin ley en donde él se consideraba el cacique que podía hacer y deshacer cuanto quería inclusive pasando por encima de la autoridad federal.
El abogado Jorge Chessal Palau explicó que esta violación a la suspensión emitida por la autoridad judicial es una conducta sancionable con cárcel, alcanzando un plazo de 3 a 9 años y alcanzaría también una inhabilitación para ocupar cargos públicos, durante el mismo periodo.
Desde luego esta sanción incluye al propio Gallardo Juárez.Chessal Palau dijo esperamos que el día de hoy la Fiscalía procederá, tenemos una completa confianza con nuestro fiscal que va a tener los insumos para poder judicializar a la brevedad estas denuncias que se están presentando”, de otra manera la ciudadanía y los propios abogados perderemos totalmente la confianza en la honestidad y efectividad de la Fiscalía General del Estado.
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