Por Carlos Ramirez
La teoría política refiere el nacimiento del Estado como institución en el momento en que la sociedad necesitó una estructura para su seguridad. Luego todas las teorías del Estado resumen cuando menos las tres funciones esenciales del Estado: seguridad, educación y salud y el Estado de bienestar le añade otras dos: alimentación y vivienda.
De ahí que la crisis del Estado o la consideración del Estado fallido se resume en el momento en que el Estado no puede aportar los elementos indispensables para su existencia. Y de hecho no se necesitan situaciones de crisis social o violencia callejera para acreditar las fallas del Estado: bastan las cifras de bienestar y seguridad indispensables.
El Estado priísta fue fundado en la Constitución de 1917 como el pacto social derivado de la Revolución Mexicana. Y como la Constitución de 1917 fue de derechos sociales, el Estado mexicano nació como un Estado social, un Estado de bienestar, inclusive antes de que la ciencia política asumiera la noción teórica del bienestar como categoría del Estado.
La crisis del Estado priísta de bienestar no es nueva ni debe acreditarse a la fase neoliberal instaurada en 1979 con el arribo de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari a la Secretaría de Programación y Presupuesto. De hecho estalló en 1976 con la crisis fiscal del Estado y se formalizó en el sexenio de De la Madrid cuando comenzaron los recortes de gastos sociales y la disminución de la cobertura social del Estado.
Hoy en día el Estado priísta carece de fondos para financiar la seguridad, la salud y la educación, y la crisis de cobertura en estos sectores forma parte de la crisis del desarrollo. En salud los hospitales públicos de primer piso no sólo son deficientes sino que resultan incapaces de atender la demanda cotidiana. En seguridad, los ciudadanos se tienen que defender solos o contratar seguridad privada para encarar la delincuencia. Y en educación superior —la base potencial del desarrollo—, la UNAM apenas puede dar cabida a menos del 10% de los solicitantes de lugares en las carreras profesionales.
El problema del Estado es de financiamiento; las diferentes políticas fiscales recaudan sólo para gasto corriente, para cubrir el déficit de algunas empresas públicas y para apenas incidir sobre nuevos programas de desarrollo. Lo malo es que el agotamiento de la potencialidad del Estado ha encontrado a un sector público reacio a abrirse a la inversión privada por razones políticas e históricas.
La actual crisis mexicana del Estado de Bienestar obedece al hecho de que la Constitución sigue priorizando al Estado como el garante del bienestar social, pero sin fondos necesarios para financiar la expansión de servicios públicos sociales que no podrían recuperarse porque son gastos a fondo perdido. En salud, educación y seguridad el Estado tendría que multiplicar por diez veces el gasto para más o menos cubrir más y aumentar la eficiencia, pero carece de fuentes fiscales de financiamiento.
En el pasado, el viejo Estado priísta encontró en las empresas paraestatales la posibilidad de generar utilidades para financiar el gasto público pero esos organismos fueron saqueados por la corrupción oficial y el gasto público tuvo que financiar sus pérdidas. Pemex, por ejemplo, es una empresa recaudadora para el fisco, pero el gasto público se hunde en el gasto corriente a burocracia ineficiente.
El modelo institucional de financiamiento del gasto llegó a su límite: los impuestos inhiben la actividad económica y el gasto público no tiene excedentes para el bienestar social. De ahí la caracterización de México como Estado fallido. Sin embargo, el problema es más grave que la mera caracterización: ¿qué va a hacer el Estado para aumentar gastos en seguridad, salud y educación y qué mecanismos pondrá en funcionamiento para aumentar la eficiencia? La multiplicación de policías, hospitales y escuelas exigen gasto que el Estado no tiene; y lo que es peor: la inversión privada en esos sectores no es redituable por las bajas tasas de recuperación de inversiones. Un aumento adicional de 1% en el salario a maestros reventaría las finanzas públicas por la existencia de millón y medio de profesores.
En Europa hay marchas multitudinarias contra los recortes de gasto, pero sin entender que el gasto social requiere de fondos constantes, aunque con la certeza de que la privatización de la educación, la salud y la seguridad sólo podían atender a un bajo porcentaje de ciudadanos con capacidad para pagar los precios de esos servicios. Los casos de muerte por enfermedad en el interior de la república mexicana sólo revelan el límite económico del gasto público, y peor si el gasto estatal proviene de participaciones federales por la bajísima recaudación estatal.
Las élites políticas mexicanas siguen sin entender la lógica del agotamiento del modelo social del Estado por la limitación en las fuentes de financiamiento del gasto público. El gasto en corrupción, burocracia y servicios políticos podría aliviar la crisis fiscal del Estado en corto plazo, pero no resolvería el problema en el largo plazo. En Suecia la carga fiscal llega a 50%, contra apenas 17% en México. Pero la diferencia poblacional es fuerte: 10 millones de habitantes en Suecia, contra 112 millones en México.
El México ideal del Estado priísta ya no existe. Y se requiere de una nueva formulación de las posibilidades del bienestar social, de la prestación de servicios y de la cobertura del Estado. La única salida sería el desarrollo con mejores salarios. Si no, la marginación social será un lastre para el desarrollo.