Esto no se acaba hasta que se acaba”, decía el Mago Septién al narrar los partidos de beisbol y en política sucede lo mismo. Ahora las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones llegaron al campo de San Lázaro, donde, dicen, el juego de los diputados transitará sin problemas y las reformas se aprobarán sin tanto jaleo como sucedió en el Senado.
Pero más allá de triunfos y derrotas políticas, de partidos y legisladores, lo relevante de este debate que duró todo el primer semestre del año son los beneficios obtenidos para los consumidores, quienes ahora deberemos aprender a ejercer nuestros derechos para que se refleje en los bolsillos y se impulse la competencia en los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión.
Vayamos a puntos concretos: para el sector de menores recursos que tiene su celular mediante prepago, constituido por la gran mayoría de usuarios, resultará benéfico que la consulta de su saldo sea gratuita y que puedan cambiar de una compañía a otro en un plazo de sólo 24 horas, sin costo; otra buena noticia es que el saldo de las tarjetas de prepago ya no se perderá a los dos meses, sino que durará por lo menos un año.
Además, a partir del 2015 se eliminará el cobro de larga distancia nacional, tanto en telefonía fija como móvil. Este aspecto es muy relevante, pues representará un ahorro superior a los casi 22 mil millones de pesos anuales, en función de lo facturado por las telefónicas el año pasado, principalmente para América Móvil, de Carlos Slim.
Debe destacarse también que los usuarios recibirán bonificaciones o descuentos de las compañías cuyos servicios se interrumpen y obligan al usuario a llamar tres o cuatro veces para terminar una conversación. O los que repentinamente ¡pum!, se quedan sin señal.
Un tercer aspecto de la mayor relevancia es la libre elección en los servicios de acceso a internet y sus contenidos, con lo cual se demuestra que mintieron los opositores a la reforma que enarbolaron el petate del muerto de la censura en internet.
A través de banda ancha, mediante una red pública del Estado, se llevará la conectividad a 250 mil sitios como escuelas, hospitales y edificios de gobierno.
Habrá, también, más canales de televisión, mejor calidad de señal y más opciones de programación. Se licitarán dos nuevas cadenas de televisión con cobertura nacional. Se creará una cadena de radiodifusión del Estado y se entregarán equipos receptores y decodificadores para que, a más tardar el 31 de diciembre de 2015, toda la televisión sea de calidad digital.
Significativo y de gran valor social la inclusión del apartado para usuarios y consumidores con discapacidad. Se atiende, así, un justo reclamo de este sector para establecer normas que les permitan acceder a los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión.
Dos capítulos dan cuenta en detalle de lo que deberán hacer los empresarios involucrados para instrumentar estas medidas en toda su programación y servicios que oferten.
Hasta aquí, algunas de las nuevas reglas del juego. Ojalá que los diputados privilegien el interés de la sociedad y no se dejen arrastrar por la retórica de algunos perredistas que, disfrazada de tecnicismos y de nobles causas, busca proteger sus intereses políticos y económicos en tiempos de campaña. ¡Vaya paradoja!, los que se dicen defensores de las clases populares, liderados actualmente por Los Chuchos, ordenaron votar en contra de la reforma. Que alguien me explique…
Vericuentos
¿Reforma expropiatoria?
Raudos y veloces salieron los priistas Emilio Gamboa y David Penchyna a desmentir a los detractores de la reforma energética, quienes aseguran que el gobierno expropiará las tierras susceptibles de exploración y explotación. Enfático, Gamboa dijo: “Vamos a estar siempre en la mesa de la negociación, buscando a través de un menú –por decir algo– asociación, venta, participación, renta. Cuidaremos a los pequeños y medianos propietarios de tierras en nuestro país, el gobierno no los va a expropiar”.
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