Vale la pena recuperar un dato alrededor del cual se puede comenzar a reflexionar sobre el papel del Ejército mexicano en nuestros días. Más de dos millones y medio de personas asistieron a la exposición denominada Fuerzas Armadas, Pasión por México que se montó en el Zócalo de la ciudad de México durante poco más de un mes. Todo un fenómeno de popularidad.
El dato está alineado a diversos estudios de opinión que ubican al Ejército como la institución más apreciada por los mexicanos.
Esto tiene un mérito enorme que se valora más si recordamos que, desde hace casi ocho años, desde diciembre del 2006 para ser precisos, su jefe supremo, el entonces presidente Felipe Calderón, emanado de las filas del Partido Acción Nacional, ordenó que las fuerzas armadas dejaran sus cuarteles y salieran a las calles para encabezar, en la primera línea de combate, la lucha del Estado mexicano en contra de las bandas del crimen organizado.
Esta decisión, de alcances históricos, dio a soldados y marinos un protagonismo sin precedentes y los puso en contacto todos los días y todas las noches con la ciudadanía, con los riesgos que supone esta vinculación tan estrecha entre el instituto armado y la población.
En diciembre del 2012, Enrique Peña Nieto, emanado del Partido Revolucionario Institucional, ratificó la instrucción, aunque con una nueva estrategia.
Por su disciplina, que es el valor que amalgama a los hombres en uniforme, el Ejército sigue órdenes de los políticos que alcanzan, por medio del voto popular, la jefatura del Estado mexicano. No les importa el color del emblema o las siglas del partido político que lanzó al político.
Una vez asumido el cargo de Presidente de la República, se convierte también en jefe supremo de las Fuerzas Armadas y éstas cumplen de la mejor manera posible todas sus instrucciones. Puede decirse que es pieza fundamental en el proceso democratizador del país, pues hace suyo, como jefe, al ganador de los comicios.
En este tiempo, el Ejército ha enfrentado severos desafíos para su prestigio y reputación. Se ha visto enfrascado en cientos de confrontaciones armadas en sierras, carreteras, caminos, ciudades, callejones. Casi doscientos soldados han perdido la vida en acción. El riesgo del desgaste para el instituto ahí está y crece.
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Se equivocan quienes piensan que los mandos castrenses quieren esta situación. Están en esto porque se los ordenan. Se dijo en su momento que los soldados harían una tarea de contención para evitar que el problema de las bandas del crimen organizado se desbordara, poniendo en entredicho la viabilidad de la nación y para dar tiempo a que las autoridades civiles crearan cuerpos policiacos eficientes, confiables, que no estuvieran en la nómina de los cárteles.
Han pasado días, semanas, meses y años y los cuerpos policiacos confiables en el país se pueden contar con los dedos de una mano y sobran dedos de manera que no hay fecha para que la misión de los soldados termine. No pueden regresar a sus cuarteles, pues su ausencia pondría en serio peligro a los ciudadanos.
Es inevitable que si los soldados están en las calles, enfrentando constantemente el peligro, haya elementos que se equivoquen, que abusen, que lleguen al extremo de violar derechos elementales.
El sistema de justicia militar hace su trabajo para que los malos elementos se atengan a las consecuencias de sus actos, pero ese sistema recientemente recibió un golpe severo con la decisión de que los solados acusados de faltar a los derechos humanos sean juzgados por cortes civiles como si éstas fueran garantía de justicia, cuando son, lo sabemos todos, fuente grotesca de impunidad, como se demuestra con el hecho cotidiano de que delincuentes peligrosos sean atrapados dos o tres veces porque los jueces los liberan a las primeras de cambio.
En el Ejército hay una profunda y justificada preocupación por la situación imperante en ciertos puntos del país, por ejemplo en Michoacán, donde las autoridades civiles, en una audaz pero irresponsable jugada de ajedrez político, decidieron avalar, respaldar e incluso legalizar la acción de los llamados grupos de autodefensa, muchos de ellos parte ahora de las fuerzas rurales, sin que se haya dilucidado bien a bien si son parte o no de las bandas del crimen organizado rivales de los Caballeros Templarios, sin tener certeza siquiera de quién los armó y con qué objetivos de fondo.
La situación en Michoacán es particularmente dolorosa para el Ejército porque fue ahí, en Apatzingán, donde comenzaron los operativos conjuntos y todavía hoy, a ocho años de distancia, sería muy irresponsable decir que la solución está cercana.
Durante la charla que los integrantes del Comité Editorial de La Crónica de Hoy sostuvimos la semana pasada con el general Salvador Cienfuegos pudimos constatar que la Secretaría de la Defensa Nacional está en buenas manos. El general Cienfuegos es un mando ilustrado, informado, franco, valiente, que está por encima de las politiquerías de corto plazo.
Es un militar de sólida formación que está más allá de las ambiciones de los políticos, proclives siempre a los golpes mediáticos, y busca una solución de fondo, real, no coyuntural ni artificial del problema de la seguridad en el país, lo que se conseguirá cuando la consistencia institucional permita a todas las entidades federativas contar con policías y jueces confiables, que no se vendan a la delincuencia.
La conversación nos permitió comprender que el alto mando no busca ocultar errores ni quiere complicidades de parte de los medios de comunicación; sí quiere, en cambio, que los medios cumplan su misión de transmitir objetivamente a los ciudadanos información veraz de lo que ocurre en el difícil entorno de la inseguridad.
El mensaje con el que salimos es claro: el Ejército mexicano tiene la convicción y determinación de hacer lo necesario para servir mejor a la sociedad.
Llegó el momento de preguntarnos qué podemos hacer en cuestión presupuestal, legal, legislativa e informativa, para ayudar al Ejército a cumplir con mayor eficacia y certidumbre sus muy delicadas tareas.
