Por “El Diablo Cojuelo”
VERDES.- El retorno del diputado Jorge Aurelio Álvarez Cruz al Congreso del Estado, luego de pedir licencia, que permitió el arribo de Juan Daniel González Ayala a esa Legislatura por un mes y siete días, muestra a algunos la existencia de una fractura dentro del Partido Verde Ecologista, cuyas dimensiones podrán mirarse con el paso de los días. También a causa de una lucha entre facciones por hacerse de la dirigencia de la organización de los verdes, fue por la cual Manuel Barrera Guillén podría haber renunciado al cargo de Secretario de Ecología y Gestión Ambiental (en caso de que se hubiese ido por propia voluntad).
RENUNCIA.- Posiblemente a consecuencia de una lucha interna por la dirigencia del Partido Verde Ecologista, Manuel Barrera Guillén decidió renunciar a la titularidad de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental para reposicionarse en la presidencia de aquella organización. Allí el grupo hegemónico es liderado por el feliz matrimonio del mencionado Manuel Barrera Guillén e Ivette Salazar Martínez, así como por otros miembros de la familia, como Alfonso Díaz de León Guillén, quien es primo de aquél. Ahora Barrera Guillén dirigiría a control remoto la SEGAM, a través de quien fuera su secretario particular, Sergio Cruz Oviedo Lara.
DISPUTA.- Quienes conocen la vida interna del Partido Verde aseguran que miembros de la dirigencia nacional de esa organización pretenden retomarla en San Luis Potosí, por alguna razón quizás relacionada con disputas ocasionadas por los estupendos sobornos de empresas fuera de la Ley de Ecología, como es el caso de poderosas mineras, fundidoras y recolectoras de basura. Otros más románticos hablan de que, contra la opinión, en el Verde sí hay moral. Por eso, el diputado federal Arturo Escobar y Vega, coordinador de la bancada del Verde, instruyó al regidor Sergio Zapata Montoya tumbar a la familia Barrera Guillén de la dirigencia.
INMORALIDAD.- Solamente porque el Partido Verde Ecologista prestó su registro a los priistas en las dos pasadas elecciones fue por lo cual ese matrimonio de Barrera Guillén y Salazar Martínez ha gobernado las actividades industriales y la protección del medio ambiente en el marco de la ley; pero también las contabilidades de las entidades públicas. Mientras Barrera Guillén mantiene bajo su dominio la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental, su esposa Ivette Salazar Martínez es delegada de la SEMARNAT; en tanto su primo Alfonso Díaz de León Guillén es presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso y de otras más.
INVESTIGACIÓN.- Entre los negocios posiblemente ilícitos que deberían de investigarse en materia ecológica en San Luis Potosí destaca el de la gestión del basurero de Peñasco, entregado a la empresa Red – Vigue en el trienio municipal de Jorge Lozano Armengol. Hay versiones de que Alberto Javier Reens Hinojosa, ex director de esa empresa, entregaba fuertes cantidades de dinero a Manuel Barrera Guillén para que éste permitiera la operación del confinamiento, a pesar de que representa una grave amenaza a la salud de quienes vivimos en esta zona metropolitana de San Luis Potosí, Soledad y Cerro de San Pedro.
DESTITUIDO.- No todos comparten la versión de que Manuel Barrera Guillén se fue por su pié del cargo de titular de la SEGAM, forzado por las disputas entre grupos que comienzan a pelear por la hegemonía del Partido Verde. Hay quienes opinan que a oídos del gobernador Fernando Toranzo Fernández llegaron noticias sobre la espantosa voracidad de la familia de Barrera Guillén. No solamente sus miembros meten manos en la construcción de fraccionamientos, así como autorizan nuevas industrias y auditorías a las existentes. Por si fuera poco, manosean la bolsa federal para construir basureros en todos los municipios.
EXPLICACIONES.- La sociedad potosina espera que el Gobierno del Estado informe objetiva y justamente a qué se debió la salida de Manuel Barrera Guillén de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental. En caso de que haya sido destituido por las autoridades, a consecuencia de graves irregularidades cometidas por el ahora ex funcionario y descubiertas por el Consejo Ciudadano de Transparencia y Vigilancia Ciudadana, merecen castigarse conforme a la ley. De lo contrario esta clase de personas volverán a adueñarse de cargos públicos o electorales, a causa de alianzas políticas coyunturales.
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