Es tiempo ya de que los servidores públicos sujeten sus actos a derecho, se sustraigan de la consabida impunidad y respondan a las consecuencias legales, consideró el doctor José Santos Zavala, catedrático e investigador del Colegio de San Luis, COLSAN.
Los privilegios y protecciones indebidas de que han venido gozando, y que los sustraen de la esfera de la responsabilidad de ley que concierne a los servidores públicos en particular y a los ciudadanos en general, consideró el doctor Zavala, deben ser erradicados.
Consideró que los malos servidores públicos deberán además ser ejemplarizados, exponiéndolos ante la opinión pública, haciéndolos visibles, imponiéndoles, además de la responsabilidad de la reparación de los daños ocasionados, ante los ciudadanos, como se hacía hace algunos años en los centros de población rural, obligándolos a cumplir con labores sociales, como el aseo de calles y avenidas y el desmalezamiento de baldíos y orillas de caminos y carreteras.
Lo anterior fue señalado por el investigador del Colegio de San Luis, al tener en conocimiento una perturbadora información emitida por los integrantes de la Auditoría Superior del Estado, en referencia a las frecuentes irregularidades y observaciones que han venido ameritando las cuentas públicas municipales y le las instancias administrativas gubernamentales.
Y es que, dijo, más de la mitad de las cuentas revisadas por los auditores contemplan observaciones, en su mayoría graves, por lo que se refiere a la justificación de los destinos a que se han aplicado los recursos públicos y que están muy lejos de la justificación.
El que 70 u 80 por ciento de las cuentas públicas revisadas en la ASE tengan observaciones de esta naturaleza debe llevarnos a los ciudadanos a una profunda preocupación e indignación; de ahí la importancia de combatir abierta y directamente a la corrupción, propugnar por la transparencia de los recursos públicos y sancionar las irregularidades, caiga quien caiga.
La falta voluntad política para aplicar con el rigor contemplado por la ley las sanciones correspondientes, profundizan la corrupción y permiten que quienes hacen carreras políticas y de servicio público contemplen y consideren los recursos públicos bajo su encomienda, como un botín particular, causando, en consecuencia, graves afectaciones a la ciudadanía, consideró el investigador del COLSAN.
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