En uno de los seis juicios que hoy enfrenta Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán Loera, se le imputa haber infiltrado a la Procuraduría General de Justicia de Baja California por lo menos desde 2006, a partir de las declaraciones de dos ex agentes de la dependencia que trabajaron a su servicio, entre ellos uno que asegura era escolta del ex procurador estatal Antonio Martínez Luna, a quien señala como presunto protector del cártel de Sinaloa durante su gestión.
Se trata de la causa penal 50/2009, en la que las declaraciones de los ex servidores públicos que colaboraron entre los años 2006 y 2009 con el cártel, y a las que tuvo acceso un Diario de circulación nacional, fueron clave para que el titular del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Procesos Penales en el Estado de México iniciara el juicio contra ‘El Chapo’, el 25 de febrero pasado por delincuencia organizada, por las pruebas de su liderazgo en la estructura de la organización.
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Aunque la PGR también buscó que el capo fuera procesado en esta causa penal por delitos contra la salud en la hipótesis de venta por un cargamento de droga de casi media tonelada incautada en 2009 en Mexicali, el juez no encontró pruebas de que Guzmán Loera estuviera implicado directamente y lo dejó libre.
‘El Chapo’ Guzmán aseguró en su declaración preparatoria en este proceso “no pertenecer a ningún cártel ni ser líder de ningún cártel”; pero el juez consideró que “la sola negativa de los hechos por parte del encausado resulta insuficiente, hasta esta etapa procesal, para demeritar la eficacia probatoria que pesa en su contra”.
La intromisión
La evidencia que valoró el juez federal son las declaraciones de cuatro detenidos que trabajaron para el cártel de Sinaloa en Baja California. Destaca la del ex agente Adolfo Roa de Lara, quien tras su detención testificó el 26 de abril de 2009 ante la PGR donde relató cómo fue su reclutamiento.
