Algunos dan gracias a Dios por su presencia, la mayoría se declara su “principal aliado”. Cada uno, con estilo propio, sin importar su origen partidista, los gobernadores expresan sin ambages su agradecimiento al Presidente de la República.
Para los analistas José Antonio Crespo yAlfonso Zárate la relación de los gobernadores con el presidente pasa por un complejo sistema de pesos y contrapesos, de “relaciones institucionales” dice uno y de “simulación” señala el otro, para darle gobernabilidad al país.
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Coinciden en que el Presidente de la República ha intervenido con fuerza en Michoacán, prácticamente tomando el control del estado a través de un comisionado presidencial y que se perfila un escenario similar en Tamaulipas, ante el repunte de la violencia.
Los analistas subrayan que los gobernadores han decidido mantener sus espacios de poder sin abdicar ante el Ejecutivo cualquier grado de autonomía que hayan logrado conseguir y hoy la conciliación con una actitud de apertura, de negociación y de presión, que en ocasiones realizan.
Advierten que la relación gobernadores-Presidente pasa por dos ámbitos claves para cada entidad: el apoyo federal en materia de seguridad a través del Ejército, la Armada y la Policía Federal y las participaciones federales.
En 18 meses de gestión de Peña Nieto no se ha presentado públicamente ningún reclamo ni reproche de los gobernadores de diferentes filiaciones partidistas.
Diferencias y liderazgo
El politólogo José Antonio Crespo advierte que “sí hay disposición a colaborar pero también debe haber ciertas diferencias, posiciones distintas en distintos temas que atañen a los gobernadores, como en la reforma electoral que a los gobernadores no les acaba de gustar pero se han plegado a lo que determinó el Congreso”.
Enfatiza que la disposición a colaborar parte de que cuando el PRI tiene Presidente lo consideran con una jerarquía superior pero, “ya no necesariamente se someten a todo; pero sí hay el reconocimiento del liderazgo en la Presidencia”.
José Antonio Crespo refuerza: “Cuando no hay una Presidencia priísta los gobernadores son parte de la cúpula del partido que toma decisiones directamente, pero habiendo presidente se mantiene una relación de cierta jerarquía”.
Respecto a las posiciones que han mantenido el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, y los demás gobernadores emanados del PRD, del PAN y alianzas opositoras al PRI, considera que “les conviene tener una relación institucional”.
Yo no veo —dice— una relación de subordinación pero sí de colaboración por beneficio de los propios gobernadores como Miguel Mancera (DF), Graco Ramírez (Morelos) o Arturo Núñez (Tabasco). Les conviene estar en una relación institucional para negociar lo que le atañe a sus gobiernos.
La relación también pasa por el reparto del presupuesto federal para los estados y por el apoyo federal para seguridad.
“Los gobernadores requieren un apoyo mayor o menor, no al grado de lo que pasa en Michoacán porque eso nulifica al gobernador, pero sí tiene que haber una relación de apertura y negociación en materia de seguridad porque los gobernadores solos están rebasados”, puntualiza.
De delegados a mandatarios
Alfonso Zárate indica que en el pasado, los gobernadores eran sólo delegados del Presidente de la República quien ponía y quitaba gobernadores.
Pone por ejemplo a Carlos Salinas y los casos de Otto Granados en Aguascalientes, Rogelio Montemayor en Coahuila, Sócrates Rizo en Nuevo León y Patricio Chirinos en Veracruz, pero todo se modificó con la alternancia del 2000.
“En el momento en que se da la alternancia, la ignorancia quizá, la incapacidad de Vicente Foxpermitió que los hilos se fueran soltando, no quiere decir que se añore el viejo control del Presidente sobre todo lo que se movía en el país, pero al menos desde el centro político había los instrumentos para regular o controlar a algunos de los gobernadores que incurrían en graves excesos”, comenta Zárate.
Recuerda que desde la ciudad de México se removían a los gobernadores cuando había claros actos de corrupción o un rechazo mayoritario. Atribuye el aumento de la violencia a que los gobernadores no hicieron su parte.
“El regreso del PRI a la Presidencia pareciera tener el potencial para hacer jugar a los gobernadores en distintas materias y yo diría que de hecho algunas de las reformas que se hacen en los primeros meses de Peña tienen por propósito controlar a los gobernadores”, añade.
Zárate dice que esto parece que genera condiciones para recuperar el poder sobre los gobernadores. No obstante, califica a los gobernadores como “grandes simuladores” que regresan a la tradición de manifestar su total apoyo al Ejecutivo pero siguen tomando decisiones “excesivas” como “el endeudamiento brutal”, control sobre congresos locales y poderes judiciales.
“Hay casos extremos de irresponsabilidad como el de Michoacán, con Fausto Vallejo, y en el que la solución ha sido nombrar un gobernador inconstitucional. Es decir, hay un gobernador constitucional que es Vallejo y uno inconstitucional que es Alfredo Castillo.
“Entonces la decisión es enviar un comisionado con súper poderes, con un muy precario sustento jurídico. Al final, está ahí la presencia fuerte de la federación para tratar de recuperar al estado, algo similar pasa en Tamaulipas”, agrega.
El analista afirma que no es rápido el proceso de convertir a los gobernadores en corresponsables de lo que ocurre en el país, pues desde el centro se deslizan acciones para recuperar los hilos de poder.
“Este enorme poder que en 12 años acumularon los gobernadores está comenzando a limitarse, pero como decía, la mayoría de los gobernadores son unos simuladores de tal forma que verbalmente le van a decir que sí pero internamente van a tratar de conservar este poder que han disfrutado a lo largo de más de una década”, recalca
Zárate agrega que el diseño del sistema de político permite que desde la federación, se den una serie de instrumentos para “alinear” a los gobernadores y controlarlos y las participaciones son unas y el apoyo de seguridad otras.
Asienta que si un gobernador quiere una obra para su estado debe gestionarla directamente con los secretarios federales; “es un elemento de control muy fuerte, y otro control está en las Fuerzas Armadas, PGR, Cisen”.
Acepta que este escenario que ha planteado parece autoritario, pero que al final lo ideal sería que el contrapeso para los gobernadores fueran dentro de sus propios estados con Legislativos y Judiciales, y sociedad civil organizada fuertes.
