Estados Unidos se comprometió ayer a investigar las denuncias de abusos cometidos contra niños indocumentados que han cruzado su frontera, en medio de una avalancha que lo ha obligado a demandar el apoyo de organizaciones religiosas y humanitarias para ubicar a miles de infantes en bases militares mientras son entregados a sus padres o a sus familias dentro o fuera del país.
“El día de hoy (jueves) he emitido una orden para investigar con transparencia estas denuncias”, aseguró el director de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, Gil Kerlikowske, al salir en defensa de agentes de la patrulla que “han ido incluso más allá de su deber” para “proteger y ofrecer respeto y afecto” a miles de niños.
Desde el inicio de la crisis de los niños indocumentados que han desbordado los puestos fronterizos de Texas, el gobierno de Estados Unidos dio la cara para ofrecer un informe pormenorizado desde que el presidente Barack Obama ordenó al Departamento de Seguridad Interna (DHS) aliviar la “crisis humanitaria” de miles de niños que han llegado a su frontera con la infundada promesa de beneficios migratorios.
En un intento por contener esta crisis, el secretario del DHS, Jeh Johnson, reiteró que “ninguna de las personas que están cruzando la frontera” se beneficiarán del programa de acción diferida.
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