La madre de un menor ofendido en la comunidad de Ojocaliente por el sacerdote Francisco Javier Castillo, denunció que Eduardo Córdova, en funciones de apoderado legal, conoció de viva voz su denuncia en la Arquidiócesis, cuando se suscitaron los hechos en el año de 2012.
Al conocer la demanda, el entonces sacerdote y funcionario de la mitra potosina intentó desactivarla, argumentando que su conocimiento afectaría y resquebrajaría la credibilidad de la asociación religiosa y, aún más, fracturaría inevitablemente a la Iglesia, relató la madre del menor.
Ese mismo año, la madre del pequeño ofendido, asevera que acudió a la Procura-duría General de Justicia en el Estado para interponer la denuncia penal correspondiente por abuso sexual contra su menor hijo, sin que esta prosperara, sin explicación alguna por parte de las autoridades de procu-ración de justicia.
La atribulada mujer se presentó la mañana de ayer en la sede de la Arquidiócesis para pedir que se active la denuncia presentada al interior de la asociación religiosa contra Francisco Javier Castillo, luego de que se conociera el posicionamiento del arzobispo Jesús Carlos Cabrero Romero.
De hecho, este posicionamiento público del jerarca católico arquidiocesano de San Luis Potosí generó un acalorado debate entre los lectores de un diario electrónico, que recoge el comunicado entregado en una conferencia que no aceptó preguntas de los asistentes.
Las críticas de los lectores online son devastadoras; el 80 por ciento de los opinantes se pronuncia por la entrega de los clérigos acusados de abuso sexual contra menores a las autoridades públicas y se pronuncia por una sentencia de privación de la libertad; se abordan las propuestas del arzobispo Cabrero Romero para investigar, sancionar canónicamente a los “sacerdotes criminales” y entregarlos, invariablemente ante las autoridades públicas para que afronten sus responsabilidades legales y asuman las consecuencias de sus actos.
Los lectores debatientes ofrecieron datos al respecto del comportamiento moral-sexual de los seminaristas, tales como este: de una población de 120 aspirantes, al menos 25 practicaron relaciones homosexuales.
El debate se ofreció largo y cargado de insultos entre quienes tomaron partido en pro y en contra.
Involucrado en delitos de pederastia y efebofilia a lo largo de tres décadas, documentadas por la arquidió-cesis en tres administraciones episcopales, aún así se asignó a Eduardo Córdova Bautista, despojado en Ro-ma y en San Luis Potosí el 23 de abril de 2014 de su ministerio sacerdotal, la encomienda de la representación jurídica de la Arquidiócesis.
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