Califican de exitosa consulta del PRD sobre la reforma energética

La respuesta ciudadana a la convocatoria del Partido de la Revolución Democrática para demandar al Congreso de la Unión y al Gobierno Federal una consulta popular para refrendar o revocar las reformas a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, carece de precedentes, aseveró el perredista Juan José Hernández.
Aunque reciente la campaña, a los cinco módulos de información y recepción implementados en la Capital potosina han estado recurriendo a registrar sus firmas un importante número de ciudadanos, indispuestos con el propósito del gobierno federal de privatizar la empresa nacional Petróleos Mexicanos, así como la Comisión Federal de Electricidad en el paquete denominado Reforma Energética.
Hernández mostró las carpetas en las que se acreditan las firmas autógrafas ciudadanas y sus correspondientes copias de la credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral, para fundar legalmente la petición, o mejor, el reclamo, de una consulta popular en la materia señalada.
El Partido de la Revolución Democrática han señalado la inconstitucionalidad de las reformas a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que estas no fueron ni comunicadas ni consultadas por las representaciones de la sociedad y de los estados de la federación en el Congreso de la Unión.
Aún cuando no terminan todavía de resentirse los efectos de estas modificaciones inconsultas a la Constitución, la merma en el poder adquisitivo real de los trabajadores y los efectos fiscales que se desprenden de la reforma hacendaria, han generado ya zozobra, desánimo e indignación y han afectado la seguridad de las micro, pequeñas y medianas empresas en el país y que son, así los apuntan los economistas conocedores, las mayores generadoras de empleo y de recursos públicos en México, dijo .
La recolección de firmas ciudadanas se realiza en todo el territorio nacional con el compromiso de acopiar un mínimo requerido de dos millones de firmas, pero con una meta más amplia.

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