Tras señalarse agraviado y avergonzado por la conducta del ex sacerdote Eduardo Córdova Bautista, el arzobispo de San Luis Potosí, Jesús Carlos Cabrero Romero, solicitó perdón a quienes han resultado dañados “por parte de sacerdotes criminales” y anunció drásticas medidas en las que se advierte que quienes entre los miembros de la clerecía que incurran en delitos serán llevados a los tribunales públicos y canónicos.
Ayer, en el patio central de la sede arquidiocesana, el jerarca católico potosino Jesús Carlos Cabrero Romero encomendó a los canónigos Benjamín Moreno Aguirre (Vicario General) y Héctor Colunga Rodríguez, para que integren una Comisión de Justicia y Atención a las Víctimas de abuso sexual por parte de los sacerdotes, para dar seguimiento a cada uno de los casos; los instruyó para que, conjuntamente con el Tribunal Eclesiástico Arquidioce-sano realicen una profunda revisión interna a fin de que no haya casos de abusos sin resolver, mandatándolos para que, al tomar conocimiento se les ponga a disposición de las autoridades judiciales públicas y para que, paralelamente, se promuevan las correspondientes causas canónicas.
El arzobispo Cabrero Romero dijo que, probada la responsabilidad de los sacerdotes encauzados canónica-mente, sus casos se remitirán a Roma para que se dicte la sentencia adecuada y definitiva, sin demérito de las causas penales que les instruyan las autoridades públicas; quienes sean objeto de una sentencia penal o de una suspensión canónica no tendrán la protección del arzobispado.
Jesús Carlos Cabrero Romero, entre las nueve medidas preventivas dadas a conocer, giró instrucciones para que los padres decanos organicen reuniones con sus sacerdotes, con la colaboración de expertos en derecho canónico, para advertirles sobre las consecuencias que enfrentarán si cometen el delito de abuso sexual.
Asimismo, el jerarca arquidiocesano subrayó que cuando las autoridades civiles funden y motiven conforme derecho cualquier solicitud a la arquidiócesis, esta será atendida con estricto apego a la ley.
También libró instrucciones para que los superiores del Seminario cuiden los perfiles de los seminaristas y procedan a la expulsión de aquellos que presenten cuadros patológicos.
El arzobispo solicitó a la Comisión Arquidiocesana que se responsabilice de brindar ayuda psicológica, espiritual o legal a las víctimas y a sus familias; designó como su representante jurídico al abogado Armando Martínez Gómez, presidente del Colegio de Abogados Católicos; solicitó a las víctimas y a sus familiares, presentar denuncia ante las autoridades civiles y demandó al ex sacerdote Eduardo Córdova Bautista que “Por el bien de su propia conciencia, y para evitar un mayor daño a la Iglesia, dé la cara y responda de los terribles crímenes de que se le acusa, y asuma con responsabilidad las consecuencias de su deleznable conducta”.
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