La Procuraduría de Guerrero señala como presuntos responsables del crimen a cinco miembros de una familia y otra persona; pruebas periciales confirman identidad de los tres empleados asesinados.
El procurador General de Justicia de Guerrero, Iñaki Blanco Cabrera, informó que fue girada una orden de aprehensión en contra seis presuntos responsables del homicidio de tres empleados de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), en el municipio de Coyuca de Benítez.
En conferencia de prensa, señaló que tras investigaciones ministeriales y recopilación de testimonios como parte de la averiguación previa TAB/COY/04/0067/2014, se determinó la presunta responsabilidad de cinco miembros de una familia (Fredy «N», Juan «N», Diego Daniel «N», Orlando «N», Facundo «N») y de otra persona identificada como Jonathan «N», en el crimen de los trabajadores.
Los empleados Gustavo Abarca Radilla, auxiliar operativo de Diconsa; Héctor López Torres, supervisor operativo de esa dependencia, y Carlos López Sánchez, promotor la empresa privada Prospecta, la cual presta sus servicios para Liconsa, desaparecieron el 24 de abril en la zona serrana de Coyuca de Benítez.
Los trabajadores realizaban acciones de la Cruzada Nacional Contra el Hambre en comunidades de Atoyac y Coyuca en la Costa Grande.
El fiscal agregó que para determinar la presunta responsabilidad de los sujetos, se tomaron en cuenta investigaciones periciales y ministeriales, así como testimoniales de distintos pobladores de localidades aledañas al punto conocido como El Ranchito, donde se encontraron los cuerpos de los trabajadores en una fosa clandestina.
Precisó que la fosa fue localizada en inmediaciones de terrenos propiedad de la familia presuntamente implicada.
El procurador también informó que de acuerdo con el dictamen en materia de genética forense, los restos encontrados en la fosa pertenecían a los empleados de Sedesol, según las muestras recabadas a sus familiares.
Añadió que el pasado 9 de junio de 2014, el agente del Ministerio Público ejerció acción penal en contra de los indiciados por dichos hechos y se inició la causa penal correspondiente, dentro de la cual se obtuvieron las órdenes de aprehensión respectivas.
Detalló que especialistas en la materia, adscritos a la Dirección General de Servicios Periciales elaboraron retratos hablados de tres de los probables responsables de los hechos, integrantes de la familia, quienes responden a los nombres de Juan Carlos, Diego Daniel y Orlando, «los cuales se hacen del conocimiento de la opinión pública por este medio, a efecto de que cualquier persona coadyuve con el Ministerio Público, aportando datos para establecer su paradero».
Asimismo, informó que las investigaciones de la privación ilegal de la libertad y posterior asesinato del periodista Jorge Torres Palacios, ha quedado en manos de la Procuraduría General de la Republica (PGR).
Según el funcionario, personal de la PGJE que se encargaba de las investigaciones recibió amenazas por parte de grupos de la delincuencia organizada.
