El Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) no puede estar sometido a los deseos de los actores políticos, al aplauso público, ni ajeno al debate nacional, advirtieron especialistas en materia de transparencia.
En el primer coloquio «Los retos de la reforma constitucional en materia de transparencia y sus leyes reglamentarias», organizado por el Instituto y la Red de Rendición de Cuentas, el investigador Mauricio Merino expresó que es necesario un Ifai que represente y encabece las mejores causas de la transparencia y de la rendición de cuentas.
«No queremos un IFAI atento a las opiniones políticas de quienes los designaron; no queremos un IFAI atento a las opiniones de los actores más poderosos o en busca del aplauso público; no queremos un IFAI sometido a los poderes políticos de los estados, ni a los partidos, ni ajeno al debate público», dijo el investigador del CIDE.
Merino Huerta dijo que en las leyes generales de transparencia, de protección de datos y de archivos deben corresponder al proyecto de la reforma constitucional aprobada en 2013, que transforme las viejas prácticas burocráticas y autoritarias del gobierno como una verdadera revolución administrativa.
La comisionada presidenta, Ximena Puente aseguró que los cambios aprobados por el Congreso en 2013 plantean retos para hacer realidad la reforma constitucional en transparencia, los cuales giran en torno a cómo homologar el derecho de acceso a la información en todo el país.
«Desarrollar estándares mínimos para los dos derechos que tutela el Instituto; expandir el derecho de acceso a la información… y transitar de una política pública reactiva a una política proactiva».
Puente dijo que otro es dar un nuevo diseño institucional al Ifai, de acuerdo con las nuevas atribuciones que le fueron conferidas como la de atraer recursos de revisión locales, que lo ameriten por su interés y trascendencia.
La ex comisionada, Jacqueline Peschard dijo que entre los retos en la elaboración de las leyes secundarias es establecer los estándares generales de acceso a la información, los principios, bases y procedimientos, con el nivel más alto de exigencia en transparencia, en la interpretación de la norma y en la promoción de la máxima publicidad.
La ex comisionada mencionó también que habrá que enfrentar el reto político, el cual tiene que ver con la definición del Instituto como cabeza del Sistema Nacional de Transparencia e institución clave en la conformación de un esquema de rendición de cuentas.
El coordinador del Colectivo por la Transparencia, Héctor Rubio advirtió que uno de los principales riegos de la reforma constitucional y sus leyes reglamentarias sería caer en ese lugar común de que en el afán de resolver problemas públicos se creen instituciones que no funcionan y normas que no se aplican.
Refirió el caso del Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Federal de Competencia Económica, que en la letra gozan de autonomía constitucional, pero que en la práctica corren el riesgo de quedar supeditados al Ejecutivo y a los poderes fácticos.
