Indicador Politico

Por Carlos Ramirez

La reforma electoral para crear un nuevo organismo nacional de elecciones tuvo el propósito de romper con los dominios virreinales de los gobernadores en los institutos regionales, pero todo cambio para seguir igual.
El nuevo Instituto Nacional Electoral se ha topado con el poder de los gobernadores que quieren mantener el control electoral, como antes lo tenía el gobierno federal vía la Comisión Federal Electoral. Sin embargo, la reforma IFE-INE se hizo sin estrategia política.
La reorganización de los institutos electorales ha reproducido la organización del IFE: los consejeros electorales. Ahí se localizaba justamente el problema central de las elecciones: la estructura de consejeros con funcionarios votados por partidos y de hecho una sobrerrepresentación de los partidos, pues los partidos votaron los nuevos consejeros y dejaron en el consejo general a consejeros representantes de partidos y consejeros representantes del legislativo.
Por tanto, el IFE y el INE mantuvieron el poder de los partidos sobre un organismo que debió de haber sido independiente, con funcionarios profesionales ajenos a la representación de partidos y sobre todo con partidos fuera del organismo electoral. Pero los consejeros electorales del IFE que fueron designados por cuotas partidistas permanecieron en el nuevo organismo y los nuevos consejeros también reprodujeron los compromisos partidistas.
De ahí el grave problema para designar a consejeros electorales estatales y municipales; los gobernadores por sí mismos o a través de su partido ya coparon la designación de consejeros estatales y municipales.
La solución era otra: un organismo electoral sin consejo general y sí con funcionarios con cargos en la estructura del INE, votados sin intervención de los partidos. Un organismo con esta estructura debió entonces de designar no a consejeros estatales sino a delegados federales bajo el control central. Al final de cuentas, el INE sólo organiza elecciones y por tanto necesita de funcionarios eficaces en la organización y no politólogos, sociólogos o abogados.
La reproducción partidista del INE en los institutos estatales y municipales no podrá eludir el poder virreinal de los gobernadores porque ya hay cuadros que aparentan no tener relaciones de poder pero van a representar los intereses de los grupos locales de poder.
Por ley, el consejo general —los consejeros, los representantes partidistas del legislativo y los representantes partidistas de los partidos (valga la redundancia)— son los que votan toda la organización administrativa, política y estatales y municipales del INE. Por tanto, la partidocracia siguió incrustada en el consejo general del nuevo INE y esa estructura de poder es la que está dificultando la integración de consejos estatales y municipales.
El problema es hasta de control político. En los estados de la república la vida intelectual es magra y siempre dependiente del poder institucional, por lo que los académicos padecen una falta de independencia teórica, y los pocos disidentes carecen de representación política para conformar un organismo que necesita de independencia de criterio.
En este contexto, la integración de consejos estatales y municipales del INE no podrá evitar la dependencia política de esos niveles. La única salida sería el modelo de los delegados federales del INE a nivel estatal como una forma de eludir la mano negra de gobernadores, partidos y otros poderes fácticos que han tomado el control de la vida política regional ante la severa crisis del presidencialismo y del federalismo.
Sin embargo, los consejeros federales del INE quedaron atados en las redes de poder y control de los partidos en el consejo general y no podrán construir instancias regionales independientes de organización electoral. Al final, la reforma dio la vuelta para quedarse en el mismo lugar.

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