Se impondrán hasta 30 años de cárcel a servidores públicos y ciudadanos que participen en la desaparición de personas, con el agravante si la víctima fallece o es periodista
A propuesta del gobernador Javier Duarte de Ochoa, el Congreso de Veracruz creó los delitos de Desaparición Forzada de Personas y Engaño Telefónico, además autorizó la conformación de un Consejo Ciudadano de Seguridad Pública.
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Durante sesión ordinaria del Poder Legislativo, los diputados locales aprobaron reformas al Código Penal, Código de Procedimientos Penales y al Sistema Estatal de Seguridad Pública para el Estado de Veracruz.
En principio, con 38 votos a favor y uno en contra del PT, se creó el delito de Desaparición Forzada de Personas, con lo cual se impondrá una sanción de hasta 30 años de prisión a los servidores públicos y ciudadanos que participen en la desaparición de personas, con el agravante si la víctima fallece o es periodista.
Con ello, Veracruz se suma a algunas entidades federativas que han tipificado el delito de Desaparición forzada de personas, entre ellas Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Chiapas, Campeche, Coahuila, Colima, Distrito Federal, Durango, Guerrero, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla y San Luis Potosí.
Con los cambios legales, se cometerá dicho delito cuando se compruebe que hay una acción de privar de la libertad a una persona; que sea cometido por un agente del Estado o un particular con autorización y apoyo; y una negativa de informar sobre el paradero de la víctima.
Y al servidor público que cometa el delito de desaparición forzada de persona, se le impondrá una pena de diez a treinta años de prisión y multa de mil a cuatro mil días de salario, además de la inhabilitación definitiva para ejercer la función pública.
El particular que cometa el delito de desaparición forzada de persona, con la ayuda de algún funcionario, se le impondrá una pena de diez a veinticinco años de prisión y multa de quinientos a dos mil días de salario.
En tanto, con tan solo 25 a favor del PRI, se aprobó una reforma para tipificar como delito el “engaño telefónico” y frenar de esa forma las llamadas de extorsión en contra de ciudadanos, cuyos casos se perseguirán de oficio.
Ahora se impondrá una pena de tres a diez años de prisión a quien haga llamadas telefónicas de extorsión.
Durante la votación se registraron dos sufragios en contra del PRD y Movimiento Ciudadano; y trece abstenciones del PAN, PT y del diputado priista Marco Antonio Del Angel Arroyo.
La integrante de la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales, la panista Ana Ledezma, pidió que se analizara mas dicho delito, pues era muy parecido al de extorsión telefónico y luego por tecnicismos salen libres los delincuentes.
Finalmente con 29 votos a favor, 8 en contra (del PAN y PT) y una abstención, los diputados aprobaron la creación de un Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, que busca que la sociedad participe en el seguimiento, evaluación y supervisión del Sistema de seguridad.
Los legisladores del PAN y del Partido del Trabajo, decidieron votar en contra debido a que la reforma establece que será el propio mandatario estatal el que designe a los integrantes de dicho consejo, en lugar del Congreso.
Las reformas señalan que se establecerá y organizará un Consejo Ciudadano de Seguridad Pública como instancia colegiada de consulta con participación ciudadana, a través del cual se establecerán mecanismos eficientes, con la finalidad de que la sociedad participe en el seguimiento, evaluación y supervisión del Sistema.
El Consejo impulsará las acciones necesarias en materia de seguridad pública, prevención social del delito y participación ciudadana, debiendo coadyuvar con las autoridades competentes para el servicio de la comunidad.
El Titular del Ejecutivo del Estado elegirá a los Consejeros Ciudadanos que integrarán este Consejo y podrán pertenecer a asociaciones civiles, agrupaciones de profesionales, organismos no gubernamentales, empresariales, así como también, instituciones de educación superior.
