Promotores de programas sociales que impulsan el desarrollo del país han sido víctimas de la violencia en México, incluso, algunos han perdido la vida.
En los últimos cinco años, los trabajadores de campo, encargados de llevar ayuda, víveres, programas de alfabetización y registrar a nuevos beneficiarios en las comunidades más pobres han sufrido ataques violentos.
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Información recabada por un Diario de circulación nacional señala que en la mayoría de las delegaciones se han registrado ataques contra estos trabajadores, con el uso de armas largas y hasta con granadas.
La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), a través de la dirección de Oportunidades, reporta 14 fallecimientos en los últimos cinco años, además de 25 lesionados de gravedad en el cumplimiento de sus labores.
El monto de las pérdidas de valores, vehículos e inmuebles supera los 334 millones 963 mil pesos en el mismo periodo.
Se señala que en el caso de pérdida monetaria se tiene asegurado el dinero con el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi), “por lo que en el caso de sufrir un asalto o pérdida de dinero esta institución deberá gestionar ante la aseguradora la reposición de los recursos”; pero la mayoría de los promotores no cuenta con ningún seguro por ser considerados “empleados temporales”.
‘Focos rojos’
Las zonas consideradas como “focos rojos” de la marginación son las que registran un mayor número de incidentes. En 2009, un promotor que llevaba ayuda a la Sierra Tarahumara, en Chihuahua, fue asesinado, sin que hubiera robo de valores y “fue denunciado ante la fiscalía del estado”.
En Chiapas, la entidad con mayor población en pobreza extrema, han muerto ocho personas en los últimos tres años en hechos violentos. Un primer incidente ocurrió el 13 de mayo de 2011 cuando emboscaron a una camioneta de valores en el tramo Azufre-Emiliano Zapata. Un año después, en un intento de asalto en el tramo carretero Yalentay-Navenchauc perdieron la vida cuatro personas, dos de ellas eran promotores de Sedesol.
En Sonora, la dependencia registró tres muertes, una de ellas en 2010, cuando el estado fue afectado por la sequía más severa en 70 años, un promotor de Oportunidades fue asesinado al hacer la entrega de apoyos en Huatabampo. Otro caso más se reportó en Guanajuato, pero no se ofrecieron detalles.
El año pasado, en el Estado de México —donde los niveles de pobreza urbana son los más altos— , también ocurrió otro deceso, además de que el promotor de campo Francisco Mendoza Ramírez fue herido de bala en el cumplimiento de su deber.
Los reportes oficiales de Sedesol no dan cuenta de casos en Veracruz, pero los medios de comunicación reportaron un promotor muerto en 2012, en el municipio de Tlachichilco, durante el asalto a un camión de valores del programa Opotunidades, pero este caso no se incluye en la estadística.
Sobre otras agresiones que dejaron lesionados, Oaxaca informó que en febrero de este año dos responsables de atención ciudadana sufrieron un atentado, “los cuales resultaron lesionados y fueron atendidos en los servicios de salud de manera oportuna”.
Según la información proporcionada, el 18 de julio de 2011 tres trabajadores de Zacatecas: Luis Felipe González, Rafael Cutberto y Juan Eduardo Picazo se dirigían a la localidad de Santa Rosa de Lima para la entrega de apoyos, cuando fueron interceptados por “sujetos armados” con armas cortas y una granada, quienes les pidieron el dinero de los apoyos económicos.
La delegación de Puebla dijo no contar con información sobre asaltos o incidentes, “porque las familias beneficiarias reciben sus apoyos independientemente de los contratiempos que se tengan”.
Según datos de la Sedesol, los promotores sociales reciben cada mes 6 mil 800 pesos y sólo necesitan contar con preparatoria o bachillerato terminado, además no se les otorga “ningún tipo de seguro”. Se explica que “por ser personal contratado bajo régimen de servicios profesionales por honorarios no se les da ningún tipo de seguro, al ser una figura contratada por un tiempo determinado”.
Otras agresiones
Los promotores de Sedesol no han sido las únicas víctimas; en 2011, una alfabetizadora del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), Catalina Santos, perdió la vida en un tiroteo en la carretera de Tlacotepec, en el municipio de Chilpancingo, y otras tres personas resultaron heridas.
Un año antes, el encargado regional del Conafe en Guerrero, Tomás de Jesús Gutiérrez Luna, dijo que debido a que los instructores comunitarios habían recibido amenazas de muerte ya no se darían clases en la parte media alta de la sierra.
“No hay necesidad de exponer la vida de un joven si ya tenemos el llamado de atención con anticipación; se les aclaró a los padres de familia de las comunidades afectadas la grave situación del Conafe en este municipio”, explicó entonces.
En 2012, Mario Espinoza Zamora murió tras ser atacado luego de un asalto en el tramo carretero de terracería de Ayutla de Los Libres-Acatepec. Según testigos, el promotor se negó a entregar sus pertenencias y murió al no recibir atención médica a tiempo.
La actual directora del Conafe, Alma Carolina Viggiano, aseguró que en este mes 40% de los instructores del consejo han desertado por “cuestiones de seguridad” y las malas condiciones en las que se tienen que quedar en las comunidades en las que trabajan.
