En su muy acelerada y adelantada precampaña presidencial, el jefe de Gobierno del DF, Miguel Angel Mancera, hace unos días exhortó a líderes empresariales, sindicales e instituciones académicas a “unificar criterios y conformar un frente unido que eleve el debate nacional en torno a una nueva política de salarios mínimos… un tema que creemos toral: desde hace muchísimo tiempo los salarios de los trabajadores, los ingresos de los ciudadanos, han sido un tema que no se discute; se ha dejado a la inercia”.
Pues sí, tiene mucha razón el doctor Mancera, y como el buen juez por su casa empieza, y ya que formó un equipo de especialistas que elaborará una propuesta de política de salarios mínimos e ingresos, debería decretar ya que todos los trabajadores del Gobierno del Distrito Federal tuvieran salarios adecuados, seguridad social y todas las prestaciones de Ley, ya sea que estén directamente en las nóminas del GDF o contratados informalmente o mediante terceras compañías, como los jóvenes que atienden diversos centros de llamadas telefónicas del GDF sin prestaciones legales. Y también los barrenderos y recogedores de basura del Servicio de Limpia, que no pueden sobrevivir sin las propinas de la gente.
Porque en las precampañas es muy difícil pasar de las palabras a los hechos. Así, el doctor Mancera inauguró el 3 de junio en esta ciudad el Segundo Seminario Internacional de Gestión de Residuos, donde especialistas discutieron el “manejo de desechos, el aprovechamiento de los recursos y la conservación del medio ambiente”.
Y se conformó la primera Red Latinoamericana para la Gestión de Residuos Sólidos, queriendo dar la impresión de que el DF es líder, cuando son muy evidentes los atrasos de nuestra ciudad en esta materia: se abandonó el proyecto de “islas de reciclaje” para separar los residuos; no se instaura adecuadamente la recepción de residuos por las grandes empresas comerciales, no hay donde depositar para reciclaje los nuevos focos eléctricos con alto contenido de mercurio; se invaden con residuos jardines y otros espacios públicos; los barrenderos de calles y parques siguen trabajando con arcaicos métodos.
Y hay muchas otras fallas en la resolución de la problemática urbana, donde el gobierno del Distrito Federal habría de estar poniendo su mayor atención. La niebla gris presente una buena parte del tiempo sobre la ciudad es evidencia de la falta de control sobre los gases tóxicos y partículas suspendidas, de la laxitud de los índices utilizados para medir la calidad del aire (Imecas, en proceso de actualización sólo hasta el mes de julio, después de 14 años) y, sobre todo, del desenfreno permitido a vehículos, industrias y otras fuentes de contaminación atmosférica en esta ciudad, donde queda impune el 90 por ciento de los delitos ambientales.
El agua es asunto de la mayor urgencia en esta cuenca donde dos terceras partes del abastecimiento provienen de los mantos freáticos, en fuerte declive por sobrexplotación y acelerada invasión de las superficies de filtración, lo que causa crecientes agrietamientos en zonas como Iztapalapa y aun así, se procede ahora a extraer agua de mantos de hasta 2500 metros de profundidad. Apenas el pasado 25 de mayo el gobierno de la ciudad envió a la Asamblea Legislativa del DF una importante iniciativa de Ley de Agua y Sustentabilidad Hídrica de la Ciudad de México, que propone una nueva fuente de abasto desde algún estado cercano, la construcción de 19 plantas potabilizadoras y la rehabilitación de otras 16, la atención de 13 mil kilómetros de red de agua y 12 mil de drenaje, la construcción de 39 pozos de absorción de agua de lluvia y de 18 presas en suelos de conservación. Se busca “que un millón 600 mil personas que carecen del servicio de agua diario lo tengan, y dos millones 850 mil tengan la cantidad suficiente del vital líquido” (ver Héctor Cruz López, La Crónica, 22ab14).
Sin embargo, de inmediato se manifestaron dudas válidas respecto a la proyectada descentralización del Sistema de Aguas de la Ciudad de México y a la (¿ineludible, necesaria, interesada?) puesta en manos del sector privado durante 15 años de la construcción y operación de los proyectos. Ojalá que los trabajadores de las empresas privadas favorecidas gocen de salarios apropiados y de todas las prestaciones legales, de acuerdo con la propuesta del doctor Mancera.
Y así podríamos seguir; la infraestructura urbana se deshace, pero sigue imparable el cobijo a los desarrolladores inmobiliarios, a las insensatas alteraciones de los usos de suelo, a la desnaturalización, mediante decisiones unilaterales, de amplias zonas de la urbe con modificaciones a los Programas de Desarrollo Urbano y a los Planes Maestros, con las llamadas Zonas de
Desarrollo Económico y Social y con el carísimo modelo de gigantes obras viales, puentes, viaductos, segundos pisos. Igualmente, la cesión de más espacios públicos a concesionarios privados, como el proyecto de “corredor cultural y financiero para la Zona Rosa”, la impune alteración de inmuebles y zonas con valor histórico, arquitectónico o paisajístico; la creciente invasión de áreas verdes suelos de conservación, banquetas.
Pero, en la continuación de la precampaña y de las oportunidades para la foto, pronto nos van a divertir con los juegos de artificio de la “reforma política del DF”.
El otro grave riesgo: el deterioro ambiental
Hoy viernes está terminando en Cancún, Quintana Roo, la V Asamblea del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, en una revisión del financiamiento internacional para proyectos ambientales, en relación al cual se abordan “los desafíos globales del medio ambiente en el contexto del desarrollo sustentable”. Durante su participación en la Asamblea, el presidente Enrique Peña Nieto declaró, con optimismo desbordado, que las reformas que su administración impulsa son “para lograr una expansión económica elevada, sostenida y sustentable, un crecimiento verde”.
Ojalá que así sea, pues se trata de una necesidad insoslayable, ya que, además de la desigualdad económica y social y de la inseguridad, el otro grave riesgo que limita en la actualidad el gran potencial de México es el deterioro ambiental, manifiesto en muchas partes del territorio nacional y con multitud de infractores. Claro, por creación de programas o instituciones no paramos, pero faltará comprobar su eficacia. Ya contamos con el Programa Especial de Producción y Consumo Sustentable 2014-2018, pero ¿será éste, o el nuevo organismo que se proyecta, la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente, capaces de manejar los retos ambientales implícitos en la reforma energética? La construcción en el sexenio actual de casi 7 mil kilómetros de gasoductos y de grandes obras de infraestructura.
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